Insuficiencia sanitaria en la prisión de Mansilla: es habitual que una sola enfermera atienda a los 800 reclusos

Csif denuncia una “deficiente atención sanitaria” en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) por la falta de personal 

 El sindicato señala que una sola enfermera tiene que atender a los 800 presos del centro penitenciario

 ICAL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denunció hoy que en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas los internos y trabajadores de la prisión sufren una “deficiente atención sanitaria” por la falta de personal médico y de enfermería. La responsable provincial del sector de Administración General del Estado (AGE) de Csif León, Ana Belén Aller, reclamó la contratación de más personal sanitario para sustituir las bajas temporales y las jubilaciones y exigió que la presencia del médico en el centro sea continuada.

Al respecto, el sindicato subrayó que es habitual que solo una enfermera tenga que atender las urgencias vitales de 800 presos ya que en el centro penitenciario no hay médicos presenciales durante las 24 horas del día. “Debería haber ocho médicos y hay cuatro, de los cuales dos están de baja, y tendrían que trabajar nueve enfermeras más una supervisora, y hay solo tres, estando una de ellas a media jornada”, lamentó Aller, que denunció además que la situación podría llegar a saturar el servicio de urgencias del centro de salud de la localidad, por los desplazamientos a la prisión.

En la misma línea, Csif recalcó que la cárcel de Mansilla incumple la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por Instituciones Penitenciarias al disponer de vacantes sin cubrir. Hace unos días, recordaron fuentes del sindicato, el secretario general de Instituciones Penitenciaras, Ángel Luis Ortiz, visitó el centro y Csif volvió a reiterarle la necesidad de contar con más personal sanitario, después de que la muerte de siete reclusos por diversas circunstancias, en solo mes y medio, haya hecho saltar las alarmas en Villahierro.

En ese sentido, Csif reclamó la transferencia de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas, para que los sanitarios se integren en los respectivos servicios regionales de salud.