Altollano ultima su cierre definitivo con un ERE de extinción para los 97 empleados

La Clínica Altollano está a un paso de su cierre definitivo, tras 21 años de actividad ininterrumpida en los que ha tratado a más de 160.000 pacientes. La puntilla a la clausura de las instalaciones ubicadas en Navatejera llega de la mano de un ERE de extinción que acaban de plantear para los 97 empleados que aún quedan trabajando en este centro sanitario, según confirmó la gerente, Beatriz Cubillas. Paralelamente se van resolviendo situaciones con los usuarios de la clínica, ya que la atención a los enfermos concluirá a finales de mes, coincidiendo con la finalización del ERE.

La liquidación de Altollano comenzó el pasado mes de mayo, cuando el Juzgado de lo Mercantil de León notificó un Auto que declaraba el concurso voluntario de acreedores de este centro médico, que abrió su edificio en 1998. Según consta en el documento, la mercantil Duquesilver acreditó ante el tribunal «la insolvencia», con unas pérdidas que alcanzaban los 1,3 millones de euros. Sus bienes y derechos se valoraron en 5,38 millones, mientras lo adeudado a acreedores se fijó en 5,61 millones.  

La liquidación afectaba entonces a 115 trabajadores directos, 65 médicos colaboradores y a otra veintena de indirectos relacionados con la cafetería y la lavandería. Una cifra que se ha rebajado en el ERE por la marcha de varios empleados en estos seis meses, entre ellos, parte de la dirección médica, que ha encontrado acomodo en otros hospitales.  

Cubillas recuerda que la Clínica Altollano «ha estado siempre vinculada al Sistema Público de Salud», colaborando a través de licitaciones para la actividad quirúrgica derivada del Complejo Asistencial Universitario de León y a través de conciertos para la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia en Unidad de Cuidados Subagudos y Rehabilitación a pacientes beneficiarios del Sacyl.  

Las causas que destaca para el cierre pasan «por el progresivo descenso de las tarifas concertadas y de pacientes derivados del Sacyl». Insiste en que la situación económica de la clínica se vio también directamente afectada por la firma a final de 2018 de un convenio especial en León entre la Gerencia Regional de Salud y la orden religiosa que gestiona San Juan de Dios «que pone fin, por exclusión, a la colaboración de Altollano con la sanidad pública de Castilla y León, su principal fuente de actividad desde sus inicios».  

El administrador concursal designado, Israel Ávarez-Canal, tuvo que realizar una comunicación individualizada a cada acreedor y presentar un plan para realizar los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. El juez de lo Mercantil le autorizó en mayo a percibir una retribución provisional de 37.667 euros. Los trabajadores recibieron entonces la noticia por sorpresa y sin saber cómo actuar al carecer de un comité de empresa y regirse por un convenio propio. Las consultas han seguido funcionando estos meses, pero la ocupación de las 110 camas ha ido cayendo y los procesos quirúrgicos se quedaron en cero. Cubillas recuerda que la colaboración público-privada es una herramienta útil para sostener el sistema público. Lamenta que siendo la Clínica Altollano «uno de los centros sanitarios de referencia a nivel nacional, dotado de las más modernas instalaciones», se vean abocados a la liquidación por falta de conciertos. También destaca que sin la dedicación de la clínica, «las lista de espera se hubieran visto colapsadas».