Amilivia comparece en la Comisión de Economía y Hacienda

El informe sobre las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera, es el primero realizado por el Consejo de Cuentas sobre esta materia específica. Como refleja el Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo de Cuentas, uno de sus principales objetivos es acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales. En este sentido, en una comunidad caracterizada por una gran extensión territorial y por la dispersión poblacional, las redes de transporte público constituyen uno de los elementos básicos para la cohesión social, especialmente en el ámbito rural.

El informe corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018 y su ámbito temporal se refiere a las subvenciones concedidas en 2017 que financian el déficit de la explotación del servicio. La subvención se convocó mediante una orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por importe total de 12,9 millones de euros, de la que resultaron beneficiarios 241 titulares de servicio de transporte.

La aprobación en 2007 del reglamento comunitario sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera supuso una alteración del marco normativo del sector para cuya adaptación se concedió un periodo transitorio de 12 años que finalizó el pasado 3 de diciembre como fecha límite de vigencia de las antiguas adjudicaciones.

Superado, por tanto, el plazo concedido por el reglamento comunitario, las concesiones todavía vigentes en Castilla y León acumulan una duración superior a los 30 años. La vigencia de las concesiones de servicio público de transporte se ha mantenido hasta el momento actual, encadenando de manera sucesiva prórrogas de los plazos de finalización de las mismas. Todo ello ha supuesto un diferimiento de la necesaria adaptación del sector a la normativa europea que persigue la liberalización del mercado de transporte mediante el establecimiento de la competencia en la adjudicación de los contratos y la duración limitada de las concesiones a un plazo de 10 años.

El informe menciona la nueva Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, pero su vigencia es posterior al ámbito temporal de la fiscalización, introduciendo importantes modificaciones en el sistema analizado por el Consejo de Cuentas.

Como consecuencia de las 14 conclusiones y de la opinión emitida en el informe, el Consejo de Cuentas realiza siete recomendaciones. Entre ellas, considera que la Dirección General de Transportes debe regularizar la situación de los titulares de las desaparecidas autorizaciones administrativas especiales, mediante la tramitación de un contrato de concesión de servicios.

Además, en las convocatorias de subvenciones futuras para financiar el déficit de la explotación hasta la adjudicación de los nuevos contratos, debe modificarse la base que regula la determinación de la cuantía individual de la subvención de manera que refleje la estructura real de costes e ingresos que va a ser utilizada para cuantificar el importe. También se debe valorar la conveniencia de anticipar la convocatoria de subvención a la vista de los problemas de gestión que plantea la cercanía del cierre del ejercicio.

La Dirección General de Transportes debe cuantificar los datos concretos para determinar los costes asociados al transporte a la demanda, con la finalidad de integrar estos cálculos en los pliegos del futuro contrato que debe tramitar la Administración.

En relación con el transporte metropolitano, e independientemente de la tramitación del nuevo contrato que incluya la gestión de la totalidad de las rutas de transporte, se debe regularizar la situación de las diferentes actuaciones desarrolladas para su gestión. Por último, la Dirección General de Transportes debe financiar las bonificaciones de los precios de utilización del transporte metropolitano de Salamanca, León y Valladolid, en una línea de subvención independiente, adaptada a la finalidad y objeto financiado.

Procesos de extinción de entidades del sector público autonómico. En relación al informe sobre la extinción de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma, la opinión del Consejo de Cuentas es que, con carácter general, los procesos de reestructuración se han ajustado razonablemente a los planes establecidos y a su normativa aplicable.

El proceso de reorganización de las entidades dependientes de la Administración de la Comunidad, tras los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2010 y 2012, ha supuesto la desaparición de 32 entidades, pasando de un total de 88 a 56 entre enero de 2011 y enero de 2017. En los ejercicios 2017 y 2018, una vez concluido el proceso de reordenación, se extingue la empresa Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial, elevándose a 34 la cifra final de entes extinguidos.

En el ámbito de análisis de la fiscalización, que se circunscribe al sector público de la Comunidad delimitado en la Ley de Hacienda (excluye a entidades con participación inferior al 50%), el proceso de reordenación ha supuesto la desaparición de 13 entidades, que supone pasar de 32 a 19. Si se considera la extinción en 2018 de la empresa Castilla y León Sociedad Patrimonial, son 14 las entidades suprimidas, quedando en un total de 18 el listado de entes del sector público autonómico con poder de decisión.

Entre las principales conclusiones del informe, no se observa una reversión mayoritaria en la Administración de las competencias desempeñadas por los entes integrantes del sector público que desaparecen, sino en otros entes preexistentes que asumen las funciones de estas entidades, junto su patrimonio, a través de procesos de fusión o de cesión de activos y pasivos.

En función de los informes de seguimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de los cálculos efectuados por el Consejo de Cuentas, a partir de la información facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda, el ahorro de personal asociado al proceso de reestructuración, se traduce en la reducción de 233 contratos de trabajo, que lleva asociado un coste por despido e indemnizaciones de 4.8 millones de euros. El coste anual de los empleos que causan baja se estima en 7.7 millones.

Para el conjunto de empresas, fundaciones públicas y entes públicos de derecho privado, el volumen global de transferencias realizadas por la Administración para su funcionamiento, entre los ejercicios 2010 y 2017, ha experimentado una disminución de 121 millones de euros (41 %), pasando de 298 a 177 millones. Así, se puede concluir que el proceso ha dado como resultado un sector público más simplificado, en la medida en que desempeña prácticamente las mismas funciones que tenía encomendadas antes del inicio de la reestructuración, con menos personal y menos aportaciones por parte de la Administración.