Los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras y zonas peatonales

El aumento de su presencia en las calles y la disparidad de normativas reguladoras aparecidas para intentar dar una solución a la problemática que generan hacen que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya decidido levantar la voz. En espera de que se apruebe con rango de BOE el nuevo Reglamento General de Vehículos, el organismo estatal publicitó ayer una «instrucción» para regular las normas de circulación de los patinetes eléctricos. Son apenas una decena de normas, pero de momento obligarán ya a que el Ayuntamiento de León tenga que reescribir la ordenanza que entró en vigor en el verano de 2018. La principal incidencia afecta a que los denominados como «vehículos de movilidad personal» no podrán circular por las aceras en ningún caso, mientras que hasta el momento la regulación municipal les concedía la gracia de poder transitar por aquellas con «anchuras superiores a los 2,50 metros», siempre y cuando guardaran «una distancia mínima de un metro» al cruzarse con los peatones y siempre que adapten su velocidad a la de éstos. La misma condición se exige hasta el momento para que se muevan por las zonas peatonales, que en la comunicación de las autoridades estatales se incluyen en la prohibición.

El texto trasladado por la DGT incide en que la circulación por estas dos zonas serán «sancionables con 200 euros, con las matizaciones que puedan establecer las ordenanzas municipales». A la coletilla última se atiene el Ayuntamiento de León para someter al «criterio de los técnicos» la forma en la que se traspondrán las instrucciones a la ordenanza municipal, como concedió ayer el concejal de Régimen Interior, Deportes y Movilidad, Vicente Canuria. No será el único punto que tenga que redefinirse o formularse de nuevo. La comunicación del organismo estatal incide además en que los usuarios de «los vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas» y serán «sancionados, con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de sobrepasar las tasas de alcohol (500 o 1.000 euros en función de la tasa) o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor (1.000 euros)».  

La DGT reseña que, «al tratarse de conductores de vehículos, tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación», así como «utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido». En ambos casos, se apunta que podrán ser multados con 200 euros.  

Los problemas advertidos hacen que las autoridades reseñen de manera específica que, «debido al comercio electrónico y a la posibilidad de adquirir vehículos que se venden como VMP pero que no lo son», se tenga en cuenta que en la consideración entran aquellos que «no puede superar los 25 kilómetros por hora». En la misma línea, la DGT se pronuncia para advertir de que «sólo autorizan para transportar a una persona», por lo que el incumplimiento acarrea una sanción de 100 euros, y apostilla que «se considerará negligente y por tanto punible», con 200 euros de multa, «la conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes». Como complemento, se concede que serán las ordenanzas municipales «las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos», aunque abogan por que «la acera sea del peatón», y que sólo será obligatorio el casco si lo marca la reglamentación del consistorio.  

No entra por ahora la DGT en regular la circulación por la calzada. A pesar de que la normativa municipal especifica que podrán hacerlo por «las vías ciclistas segregadas» y subraya que «no podrán invadir carriles de circulación de vehículos a motor, salvo para cruzar», el PSOE firmó antes de las elecciones un contrato programa con la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de León en el que se comprometía a «permitir la circulación» de los patinetes eléctricos «por el centro del carril, preferentemente por el derecho». Ahora, el Ayuntamiento esperará a ver la regulación del organismo estatal antes de decidirse a implantar medidas que puedan chocar con el ordenamiento.