La Junta culpa al Ayuntamiento de no haber erradicado el chabolismo en León

León sigue sin manifestar su papel en el marco del convenio de erradicación del chabolismo que firmó con la Junta y el Secretariado Gitano a principios de este año. La Concejalía de Bienestar Social y Juventud, cuya titular es Vera López, sigue sin aclarar qué solución hay para los 70 miembros de 16 familias que llevan más de 30 años viviendo en las chabolas de Las Graveras y Los Altos del Duero. El papel del Ayuntamiento es esencial en este momento, puesto que la Junta aseguraba ayer a este periódico que todo lo que está en su mano ya se ha ejecutado y que ahora es el gobierno local de León el que tiene que activar los realojos y demás compromisos.

 

El Protocolo General de Actuación Conjunta firmado el 12 de febrero establecía la colaboración entre la Junta, la Gerencia de Servicios Sociales y la Federación Regional de Municipios y Provincias, pero son las corporaciones locales las que deben acudir a la administración autonómica para plantear su estrategia. Una vez el Ayuntamiento de León entregue un plan actualizado de la situación real existente —que por los testimonios recogidos ayer aún no ha sido elaborado, ya que ningún técnico municipal se ha personado en las chabolas—, la Junta ampliaría mediante convenios específicos las acciones a cometer.  

En primer lugar, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene la obligación de conocer cuántas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente porque hay menores. Además, tienen que poner a disposición de los afectados todas las medidas y ayudas con las que cuenta la Junta, incluida la vivienda. En segundo lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la responsable de aportar los medios materiales y económicos necesarios para ejecutar el plan, como por ejemplo la disposición del parque público de alquiler social. La tercera parte es la Federación Regional de Municipios y Provincias, que tendrá que impulsar acciones de información y colaboración entre los ayuntamientos adheridos al acuerdo. A pesar de la iniciativa de la Junta serán los profesionales del Ayuntamiento de León junto a los del Secretariado Gitano los encargados de realizar el trabajo en la ciudad censando a las familias, estudiando cada caso en particular y buscando una solución efectiva para que, tras treinta años de dejadez, reubiquen a las dieciséis familias que viven aún en Las Graveras y en Altos del Duero. Según los testimonios de los afectados, hay más de 70 afectados. No obstante, desde el cambio de corporación municipal —el plan fue heredado de la etapa de Silván— ningún vecino ha tenido noticias nuevas sobre su realojo.

Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente reconocen el compromiso que tienen para acabar con «esta lacra», y anticipan que ya hay algunos municipos trabajando para ello. «La Junta ya tiene suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Venta de Baños, rubricado el pasado 22 de abril, y tiene previsto también suscribir otros en términos similares con más municipios, entre los que se encuentra León», asegura.  

Representantes del antiguo equipo de Gobierno del Partido Popular estuvieron presentes en la firma del convenio de colaboración impulsado por la Junta. La entonces concejala de Bienestar Social y Familia, Auora Baza, se trasladó en varias ocasiones a comunicar su intención de realojar a los vecinos, pero lo cierto es que las promesas se quedaron en promesas y todo sigue como estaba cuando Diego Polo tuvo un primer plan en 1988.