El Común pide alejar las casas de apuestas de los colegios

Una resolución del Procurador del Común hecha pública ayer recomienda a la Administración autonómica adoptar determinadas medidas para prevenir y combatir los trastornos adictivos que generan el juego y las apuestas, entre otras ampliar la distancia —ahora de 100 metros— de los establecimientos de juego y apuestas que se pretendan instalar en relación con cualquier tipo de centro educativo. Además pide que esa distancia, superior a 100 metros, se exija no solo en relación con los centros educativos, sino también con lugares de permanencia habitual de menores, jóvenes y personas vulnerables, como, por ejemplo, los centros culturales, polideportivos o áreas comerciales, entre otros. También recomienda evitar concentraciones de lugares de juego y apuestas en una misma zona, mediante la ampliación de la distancia de 300 metros, prevista actualmente, entre dichos establecimientos; medida con la que indirectamente también se conseguiría evitar la proliferación de los mismos.  

Asimismo, el Procurador recomienda desarrollar la Ley de Juegos y Apuestas de Castilla y León para dotar a la Administración autonómica de personal propio que realice las actuaciones de inspección y control de las actividades de juego y apuestas.  

Según informó esta institución en nota una nota de prensa, el Procurador también considera de interés realizar una actuación de oficio con objeto de estudiar el problema individual y social que suponen los efectos patológicos que producen el juego y apuestas. «Un ejemplo de la importancia creciente del problema lo pone de manifiesto el hecho de que en Castilla y León, en el año 2011, estuvieron aquejados de trastornos psicológicos menos de 500 personas; sin embargo, solo hasta octubre de 2019 ya fueron tratados más de 1.100», se recoge en la resolución del Procurador. Asimismo, recordó que Castilla y León cuenta con la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, excepto loterías y apuestas del Estado. Consecuentemente, la Comunidad se ha dotado de su propia normativa reguladora en esta materia, constituida por la ley de juegos y apuestas, aprobada en 1998, reformada posteriormente, así como por diversos reglamentos específicos sobre algunos tipos de establecimientos y juegos.