Vestas plantea a la Junta proyectos un año después de liquidar su factoría en León

Vestas vuelve a encontrar huecos en las agendas de los altos cargos de la Junta; un año después de ejecutar la salida de la factoría de Villadangos, y cumplir con la amenaza de desmantelar el principal foco industrial de este polígono, representantes de la eólica mantuvieron ayer un encuentro con máximos responsables del departamento de Energía y Minas de la administración autonómica.

 

El director general del Eren, Alfonso Arroyo, recibió en León a representantes de compañía eólica. Fuentes consultadas en la administración autonómica, tanto en el área vinculado al Eren y al departamento de la consejería de Economía del que depende, declinaron señalar las cuestiones que movieron la reunión o las propuestas planteadas en el encuentro por los representantes de Vestas, que recibió cerca de 13 millones de euros en ayudas en su anterior proyecto. Disculparon aportar una opinión al respecto al entender que es la firma danesa a quien le corresponde hacer referencias a los contenidos de los proyectos que planteó a la administración.

 

La reunión no figuraba dentro del foco informativo previsto ayer por la administración autonómica. Tampoco los intentos de este periódico por contactar con la compañía danesa para que aclare el alcance y el propósito de la reunión con la dirección del Eren dieron el resultado apetecido. Junto con el director del Ente Público Regional de la Energía, al encuentro con la delegación de Vestas se sumó el jefe del departamento de relaciones externas y estudios y formación del Eren.

 

La repercusión de la cita adquieremayor protagonismo cuando aún no ha acabado de cerrarse la brecha social y laboral que dejó la salida de la empresa danesa del polígono paramés, con la mayoría de sus 362 empleados directos y 2.000 indirectos que dejó en la calle en situación de desempleo; y por la fricción política que originó la decisión de Vestas de cerrar la fábrica y trasladar a terceros países las líneas de producción y la actividad que generaba en la provincia leonesa.

 

En ese intento de responder y tratar de frenar la decisión de los ejecutivos de la empresa Vestas, no se ahorraron gestos y posicionamientos; los políticos y sindicales, además de los institucionales. Entre ellos, de los máximos responsables del gobierno autonómico en aquellas fechas, que llegaron a plantear un «boicot» a Vestas en todo el territorio como respuesta a la salida de León que se interpretó, de forma literal, como «una tomadura de pelo». En aquella batalla se involucró personalmente la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, que «en defensa de los intereses de Castilla y León» llegó a pedir a las empresas del sector energético que no compraran «ni un componente a Vestas; una empresa que nos ha tomado el pelo a Castilla y León y a todos los españoles, y esto no va a quedar así».

 

La reacción de la consejera fue una de las más notables en la cadena de fuerza que se logró argumentar frente a la salida de Vestas y se produjo nada más que la firma danesa dio por seguro que no iba a retroceder un paso en el cierre de la factoría.

 

Otra de las batallas emprendidas por esta causa de deslocalización llevó a agentes sociales y parlamentarios a Bruselas. A minar la reputación de la marca danesa ante las instituciones europeas, pagadoras finales de muchas de las líneas de ayudas que favorecieron el asentamiento y la llegada de Vestas al polígono de Villadangos, a mediados de la década pasada.

 

El conflicto laboral de Vestas representa la última cicatriz social y económica que ha afrontado la provincia leonesa.