Los sindicatos lamentan que la Policía Nacional no estrene pistolas táser

Las comisarías de Policía Nacional de León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Astorga no dispondrán de pistolas táser como mínimo hasta el año 2021, según reconocieron ayer fuentes de los principales sindicatos policiales de León.

Así lo pusieron de manifiesto ayer fuentes del sindicato UFP en León, que entienden que las comisarías leonesas «no figuran entre las prioritarias» a la hora de repartir las primeras 300 armas eléctricas. En los mismos términos se expresaron los responsables de Asipol, que consideran que las nuevas armas son efectivas «pero aquí habrá que esperar».

El Boletín Oficial del Estado publicó la semana pasada el anuncio por el que la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional saca a licitación la compra de un millar de dispositivos electrónicos de control con sus correspondientes accesorios. El presupuesto máximo asciende a 2.099.350 euros, de los que 364.350 euros corresponden al IVA (21 %).

DE 300 A UN MILLAR

En concreto, la previsión de la Policía es disponer de 300 pistolas eléctricas ya en 2020, a las que se sumaría la misma cantidad en 2021 y otras 400 en 2022. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, cumpliría así el compromiso anunciado el pasado 31 de enero durante su asistencia al pleno del Consejo de Policía.

Interior considera que la pistola eléctrica es un arma idónea que aporta «seguridad» a los policías y «limita potencialmente las situaciones violentas», según explican los técnicos del ministerio.

«En la detención de sujetos violentos, el uso de estos dispositivos reduce la probabilidad de lesión por parte de los actuantes, lo que disminuye las bajas de policías», sostiene.

PARA AGLOMERACIONES

Se trata de un arma que utilizarán tan sólo los agentes que realicen un curso práctico-teórico que abarcará aspectos técnicos y deontológicos, quedando rastro de todas las manipulaciones que se hagan -como disparos efectuados y cargas de batería realizadas- y sin que pueda ser modificado por el funcionario.

«Se trata de una herramienta idónea para su uso en lugares de grandes aglorameraciones de personas, así como transporte de viajeros, donde el uso del arma de fuego resultaría mucho más desaconsejable por los posibles daños colaterales», insiste. Según fuentes policiales consultadas por este periódico, los Grupos de Operaciones Especiales (GEO) y las unidades de seguridad ciudadana serían los primeros destinatarios de este armamento.