PSOE y oposición, prudentes por el caso judicial de Cabañas

Tanto el PSOE como la oposición analizan con «prudencia» la situación judicial en la que se encuentra la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, después de que la magistrada del juzgado de Instrucción número 4 de León haya dictado un auto que abre la vía a juzgar a la regidora por presunto acoso laboral a un trabajador de Obras.

El secretario provincial socialista, Javier Cendón, mostró ayer «su respeto a los procedimientos judiciales» y recordó que se trata de «un tema laboral». El PSOE ha tomado medidas con sus cargos cuando se trata de asuntos de corrupción, indicó, Por su parte, desde la oposición municipal, la portavoz del PP, Noelia Álvarez, coincidió en el «respeto máximo a las resoluciones judiciales», matizó que ésta aún no es firme, pero que si evoluciona «puede complicar mucho la situación de la alcaldesa». La regidora ha recurrido el auto de la jueza, que aprecia indicios de la comisión del posible delito de discriminación laboral, por lo que dispone que se continúe con los trámites del procedimiento abreviado y que en el plazo de 10 días el ministerio fiscal y las acusaciones particulares personadas soliciten la apertura del juicio oral.

Cabañas no comparte las conclusiones de ese auto y lo recurre, «dado que se atribuyen conductas que no se han producido». La Audiencia será la encargada de analizar el recurso, cuestión que suele demorarse entre dos y tres meses, y quien dictaminará si estima el recurso y sobresee el asunto o lo desestima y se llega a juicio.

Según los artículos aludidos por la jueza de Instrucción número 4 de León, las penas por un delito de acoso laboral oscilan entre los seis meses y los seis años de reclusión. Los hechos que se han llevado a los tribunales se remontan a 2017 cuando el jefe de Obras y Cabañas como concejala de Personal modificaron, según el auto, sustancialmente las condiciones de trabajo del denunciante y le vaciaron de funciones. El empleado llevó a coger la baja por ansiedad desde finales de noviembre de 2017 a mediados de abril de 2018. En la instrucción, la alcaldesa había explicado a la magistrada que se trataba de un conflicto entre dos trabajadores y que ella puso en marcha los mecanismos de mediación del Ayuntamiento para intentar resolverlo.