León anuncia una batería de medidas para preservar el patrimonio de las cajas

«En la medida en que tengamos cualquier capacidad jurídica o normativa, desde la Junta de Castilla y León vamos a exigir el compromiso que Unicaja Banco tiene con esta tierra». El Gobierno autonómico señala que utilizará «siempre todos los instrumentos que la ley nos permita» para que la entidad financiera que preside Manuel Azuaga, y que absorbió a Banco Ceiss (el negocio financiero de Caja España Duero), mantenga los vínculos con las provincias que durante más de un siglo hicieron crecer las cajas de ahorro que hoy forman parte del banco con sede en Málaga. Una exigencia que pasa por preservar el patrimonio inmobiliario, artístico y cultural de las antiguas obras sociales, que se segregó del negocio financiero en 2011 pero sobre cuya propiedad se agudiza un conflicto que en parte está ya en los juzgados.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reconoció ayer, ante las advertencias de que Unicaja Banco tiene intención de ubicar en su nuevo gran centro cultural de Málaga parte de la obra artística de Caja España Duero, que la capacidad de actuación de la Junta es limitada sobre las entidades «de ámbito territorial superior a la Comunidad», como es el caso de la que preside Azuaga. Insiste, en todo caso, en que «Unicaja debe garantizar su compromiso con Castilla y León porque una parte muy relevante de sus orígenes son las cajas de ahorro que nacieron en esta Comunidad y crecieron en sus provincias».

Carriedo insistió en que «el nivel de exigencia de la Junta sobre el compromiso con nuestra tierra va a estar siempre presente, especialmente en casos como el de Unicaja, con una gran deuda con las antiguas entidades de la Comunidad. No podría entenderse lo que es hoy este banco sin lo que le han aportado las entidades de Castilla y León».

Por lo que se refiere a la posibilidad de que parte del patrimonio acumulado por las obras sociales de estas cajas locales (que fue adquirido con los fondos de los ahorradores o financiado con sus depósitos) haya salido fuera de la Comunidad, para lo que necesitaría el permiso de la Junta si se cumple la Ley de Patrimonio de Castilla y León, Fernández Carriedo aseguró que hasta el momento la entidad que preside Azuaga «no ha solicitado nada en este sentido». Y en todo caso, si se reclamara «habría que estudiar jurídicamente la situación, para ver sobre qué tenemos competencias. En todo caso, seremos muy exigentes para que Unicaja cumpla su compromiso y a defender los intereses de León y Castilla».

mociones desatendidas

Un compromiso que en los últimos años no se ha traducido en ninguna medida legal concreta, a pesar de las mociones presentadas en las Cortes de Castilla y León. Desde hace años en el caso de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ya en 2011 reclamó a la Junta que se inventariasen los bienes de las obras sociales y sus bienes artísticos, dados los problemas que evidenciaba España Duero. Ya entonces, recordaban los leonesistas que sólo Caja España tenía «esparcidos por sus locales más de 3.000 cuadros y 370 esculturas», además del importante archivo histórico del Centro de Documentación. Y proponía convertir este patrimonio en un «yacimiento de empleo» turístico y cultural.

Un año antes UPL había advertido sobre la situación de los fondos artísticos «dispersos en muchos locales», y exigido también su inventariado y control. En 2012 presentó una proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad en las Cortes para que la Junta «ejerciera sus obligaciones de acceder a los inventarios de bienes de las cajas de la Comunidad», redactar estos inventarios por parte de empresas especializadas y tasar sus fondos, catalogándolos para «evitar su dispersión o venta».

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, anunció ayer que el próximo miércoles presentarán ante las Cortes una pregunta al Gobierno autonómico para conocer si se ha solicitado el traslado de alguna de las obras artísticas de las cajas a provincias de fuera de la Comunidad, y para interesarse sobre el estado de estos inventarios largamente demandados (y que según reconoce la propia Fundación Obra Social de Castilla y León, Fundos, aún no se han concluido). «Hace años que venimos llamando la atención sobre este tema, y sobre la obligación de la Junta de proteger este patrimonio, que es de las provincias leonesas. Ya consiguieron cargarse las cajas de ahorro, no vamos a consentir que expolien también el patrimonio que atesoraron sus obras sociales y que es propiedad de los ciudadanos leoneses».

Responsabilidad de la Junta

Desde el PSOE la concejala del Ayuntamiento de León y responsable de Cultura y Patrimonio Evelia Fernández recuerda que en abril de 2016 presentaron una moción que exigía mantener el empleo y los servicios de Ceiss en León. «Y también transmitía nuestra preocupación por el patrimonio». En todo caso Fernández incide en que «es la Junta la que tiene la responsabilidad en esta materia, la que debería haber controlado que el patrimonio no salga de Castilla y León. Hay una Ley de Patrimonio que no pueden eludir. La Junta es responsable de inventariar, supervisar el patrimonio y saber en qué condiciones está, la situación actual muestra una negligencia clara».

La responsable socialista de Patrimonio insiste en que «esta situación es una nueva bofetada a los intereses de León, en un asunto que además ya está judicializado». El PSOE «no descarta» dirigirse a Unicaja para pedir explicaciones, pero insiste en que «es muy grave que la Junta permita esta situación, sea por negligencia, desconocimiento o connivencia». Evelia Fernández concluye que los socialistas no van a permanecer «intertérritos mientras se produce esta situación». Y advierte de que no sólo se trata de las obras de arte, también de los fondos documentales. «Espero que, por ejemplo, el archivo de los Condes de Luna esté bien custodiado en León».

PNL y escepticismo

Para Podemos la «inacción, dejación de funciones y falta de responsabilidad» de la Junta de Castilla y León en las labores que tiene encomendadas como vigilante del patrimonio y garante de su preservación es la clave de la situación actual, en la que «el temor a que todos estos bienes que se han ido acumulando en las provincias con los años se vayan a otras zonas, en este caso concretamente a Málaga», es ya casi una realidad. Pablo Fernández denuncia la ausencia de control que ha marcado la actuación del Gobierno autonómico en los últimos años en lo que al patrimonio artístico y documental de las antiguas cajas de ahorro se refiere, lo que en su opinión implica que parte de esta herencia se dé ya prácticamente por perdida.

Sin embargo, la formación no renuncia a las exigencias, incluso de carácter judicial en lo que a responsabilidades se refiere, que pudieran derivarse de esta inacción. De momento su intención es presentar una proposición no de ley para reclamar que se realice de una vez un inventario minucioso de la herencia que las obras sociales han dejado a las fundaciones segregadas del negocio financiero. Y asegura que respaldará todas aquellas iniciativas que se lleven a cabo con el objetivo de que las provincias que vieron crecer las cajas de ahorro, y con los fondos de sus ahorradores el patrimonio artístico que acumularon sus obras sociales, conserven esta herencia como parte de sus bienes, sin que éstos puedan ser expropiados o trasladados a otros lugares. Unas actuaciones en las que, en todo caso, Podemos reivindica la actuación de la Junta de Castilla y León como institución responsable de preservar la propiedad de todos esos bienes.