Finiquitado el desalojo de los okupas de La Lastra

La entrada al número 8 de la calle Juan Pablo II permanece tapiada a día de hoy tras la conclusión del proceso de desalojo de los okupas del barrio de La Lastra. Desde que en verano del 2017 se instalaran, acapararon la atención de los medios locales con varias intervenciones policiales y un largo proceso judicial. Una veintena de personas se alojaron en seis de las viviendas del bloque, después de haber adquirido las llaves por mediación de una organización mafiosa local y pagando entre 200 y 350 euros. Fue en verano cuando la Concejalía de Servicios Sociales del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular puso fin a la situación, ofreciendo la reubicación a varios inquilinos ilegales gracias a un plan de emergencia social. Algunos de ellos rechazaron esta oferta y finalmente salieron por la fuerza. Tras dejar vacío el edificio, propiedad de un banco por la deuda de la constructora, la cual se encargó de colocar un muro de ladrillo para impedir el acceso, como puede verse a la izquierda de estas líneas.

Vecinos problemáticos

Tras permanecer seis meses en las viviendas, el proceso judicial que abrió la propietaria y promotora del inmueble (Docsa) llegaba a su fin con un ultimátum de sesenta días que el juez concedió a los okupas para abandonar el inmueble. La advertencia fue notificada a los vecinos en febrero de 2018, pero a causa de las esperas del procedimiento civil por desahucio precario no fue hasta julio de 2019 cuando abandonaron definitivamente el edificio.

Varios vecinos, que durante meses tuvieron que «soportar a estos sinvergüenzas» —peleas, ruidos a horas intempestivas, daños en zonas comunes—, confirmaron ayer la actuación de desalojo. También aseguraron desconocer su nueva ubicación.