Sólo 696 de las incautaciones del franquismo en León podrían ser devueltas a sus dueños

Entre 1937 y 1939, la Comisión Provincial de Incautaciones tramitó en León 1.514 expedientes, los cuales afectan a casi tres mil personas, 2.853 para ser exactos. El nuevo Gobierno de coalición progresista ha manifestado ya su intención de devolver los bienes expoliados durante el franquismo a sus legítimos dueños. Sin embargo, esta medida estrella, en lo que a Memoria Histórica se refiere, tiene cierto aire de imposibilidad. Por ejemplo, del total de expedientes que se abrieron en León tan sólo se conservan 696 en el archivo histórico, lo que supone un 46%. Del resto, más de la mitad, no se tiene ni rastro. «Dejando a un lado el tema de las cifras económicas, que asciende a cantidades astronómicas, hay un problema para investigar todos estos casos. Por una lado están las que no fueron registradas y no dejaron huella, y después la destrucción de documentación durante la dictadura, transición y primeros años de la democracia», asegura la historiadora Ana Cristina Rodríguez, experta en la actividad represora de las comisiones provinciales de incautación de bienes. En este contexto, la auditoría que planea Sánchez se torna muy complicada de concluir con éxito.

Fueron muchos los leoneses afectados, pero también diversas organizaciones sufrieron los abusos del dictador. «Los más perjudicados fueron, fundamentalmente, partidos políticos, sindiatos y asociaciones de carácter progresista», como pueden ser Ateneo Obrero, Sierra Pambley o las Casas del Pueblo en la provincia. En cuanto a sindicatos, UGT sigue sin recibir, a día de hoy, 26 de las 31 propiedades que ha reclamado al Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, basándose en la Ley 4/86 sobre devolución del patrimonio. Dicha ley establece una serie de condiciones para que los sindicatos y partidos políticos afectados por el expolio pudieran solicitar su devolución, aunque no se trató a todos por igual. El PSOE pudo recibir el valor de sus bienes en el mismo 1986, mientras que al histórico sindicato CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, y a los partidos Izquierda Republicana y Partido Comunista Español, nunca les fue reconocido el expolio. Los cenetistas fueron la agrupación más castigada, Izquierda Republicana reclamó un piso en la plaza de la Catedral, y el PCE reivindicó un piso en la plaza Don Gutierre.

Frente a los insatisfechos, PSOE por un lado, y UGT, que a pesar de no haber recibido el total de lo arrebatado sí pudo recuperar la Casa del Pueblo en La Bañeza, un edificio del Sindicato Minero Castellano de La Ercina, otro edifico en Santa Lucía de Gordón, una finca urbana del Sindicato Minero Castellano en Veneros, Boñar, y un último edificio en Villaseca de Laciana.

El líder provincial del PSOE en León y diputado en el Congreso, Javier Alfonso Cendón, es también el presidente de la Asociación de Estudios sobre la Represión en León. Ante las intenciones de Pedro Sánchez, Cendón reconoce que resulta necesario «reformar la ley nacional y dotarla de mayor consistencia».

SANCIONAR Y TASAR

Dicha reforma permitiría «establecer obligaciones claras para los sujetos implicados en la implementación», así como «establecer un mecanismo sancionador para garantizar su cumplimiento y un procedimiento de tasado de ayudas públicas», revela el socialista. «En León hay que realizar un inventario riguroso para conocer qué bienes deben volver a manos de sus legítimos dueños», explica Cendón, «por lo que quienes hayan sido víctimas de estos delitos, o sus herederos, podrán solicitar su compensación pecuniaria a los órganos judiciales competentes». Además, el diputado garantiza que el texto defendido por el PSOE va dirigido a quienes sufrieran incautaciones de bienes y sanciones económicas entre 1936 y 1945. Este documento reconoce la necesidad de elaborar un catálogo del expolio para proceder a su posterior reparación, en el plazo que establezca la Comisión Técnica de Memoria Histórica, así que al menos el Gobierno intentará hacer frente a las dificultades que conlleva auditar todos los expedientes que dejaron damnificados en la provincia leonesa.