El PSOE quiere darle más competencias al Procurador
Los socialistas pretenden otorgar más fuerza vinculante a las decisiones del ente
La procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Sacristán llamó a dotar al Procurador del Común de «una mayor fuerza vinculante que ahora mismo no tiene, con competencias realmente ejecutivas y no meramente informativas o de recomendación».
Y lo ha hecho tras apoyar en la Comisión de Presidencia de las Cortes la proposición no de ley (PNL) de Podemos en la que insta a la Junta a incorporar a todos los convenios con entidades locales un artículo que incluya recomendaciones de colaboración con el Procurador del Común.
Según ha informado el PSOE de León en nota de prensa, Sacristán ha recordado que «el Procurador del Común es el cauce de la escucha de la ciudadanía, aunque otra realidad es el caso que se le hace».
«Los ciudadanos, a través de esta figura, tienen la posibilidad de acogerse en defensa de sus derechos y libertades», ha precisado sin olvidar la importancia de una institución que, a lo largo del ejercicio 2018, tramitó un total de 6.500 quejas, lo que supuso una apertura de 6.579 expedientes, en su mayoría reacciones de los ciudadanos. El grupo parlamentario socialista entiende que la sociedad conoce la función del Procurador del Común, aunque no lo suficiente: «Son muchos años de andadura, muchos años en los que la institución tiene presencia en la autonomía y no solamente la conoce, sino que la utiliza».
«Por supuesto, la conocen más en unas provincias que en otras, lógicamente mucho más en León, porque allí tiene su sede», ha precisado.
Durante su intervención, la política ha detallado las dificultades de relación con algunos ayuntamientos de Castilla y León, que no contestan a las peticiones de información de la Oficina del Procurador del Común.
Entes, en sus propias palabras, que «no colaboran cuando se reciben las recomendaciones», y estructuras administrativas que «simplemente ignoran las comunicaciones de arbitraje y mediación sobre las dificultades que la ciudadanía sufre». «El 75 por ciento de las resoluciones del Procurador del Común son aceptadas, pero existe un 25 por ciento que no se acepta, y eso crea una situación de inseguridad que no se puede transmitir».