La economía sumergida escamotea al fisco unos 870 millones al año en León

La crisis económica, muy asociada al estallido de la burbuja inmobiliaria, espoleó en buena parte del país los índices de la economía sumergida. La provincia de León fue una de las más afectadas por ese fenómeno. Según los datos del último informe elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el índice de fraude fiscal en la provincia por actividades en negro es de un 28,5%, lo que traducido en dinero que se escapa al control de Hacienda supone casi 870 millones de euros.

«Analizando ese 28,5% de economía sumergida en León estamos hablando de una cantidad importante que dejaría de ingresar Hacienda, teniendo en cuenta además que el PIB de la provincia conforme a ese último estudio está en torno a los 9.970 millones de euros», apuntó José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha). «En todo caso —añadió— habría que analizar bastantes variables porque una persona que opera en la economía sumergida no está totalmente al margen de la administración. Es decir, paga el impuesto de hidrocarburos por el combustible que utiliza en la furgoneta que conduce o el del tabaco si fuma, por poner dos ejemplos cercanos».

Gestha advierte en su informe que la economía sumergida es un fenómeno que suma y sigue. Lejos de ir en ritmo decreciente, sube. A la hora de explicar su incremento en provincias como León hay que remontarse al desplome del ladrillo, a la brutal caída de la construcción en lo que se denominó como el pinchazo de la burbuja inmobiliaria

Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el gran repunte del paro —triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa— y también las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario.

«La crisis económica y especialmente la crisis inmobiliaria, tuvieron una incidencia evidente», comenta el responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda. «De golpe hubo mucha gente que perdió su trabajo, se encontraron con la necesidad de hacer frente a la hipoteca por la compra de sus viviendas y no podían financiar esos pagos. Con 426 euros al mes, que fue la prestación por desempleo que se vino a poner cuando estalló la crisis, no hay mucho margen de maniobra. A esa cantidad intentaron añadirle otros ingresos extras en negro», añadió Mollinedo gráficamente.

«Seguimos viendo —ahondó en esta línea— carteles pegados en tiendas, bares y en farolas por la calle donde se anuncian muchas personas para hacer trabajos vinculados ala construcción: reformas, electricidad, fontanería, pintores, etcétera».

Pero no es el único. En el sector de la agricultura y la ganadería se ha detectado que hay mucha mano de obra que no está contratada. También han proliferado en los últimos tiempos los talleros mecánicos que se instalan en bajos sin ningún logo, ni cartel. Aquí funciona el boca a oreja y sus precios muy ajustados al no tener que contar con Hacienda han provocado que proliferen.

También han comprobado que existe un sector creciente que trabaja en negro haciendo portes con su furgoneta a domicilios particulares al igual que los vendedores en mercadillos. «Hay una parte importante en negro que opera aquí», recalca. El sector de la limpieza y en la hostelería donde hay bastantes trabajadores cobrando en B, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, se añaden al listado en B.

En el conjunto de España, se calcula que el peso de la economía sumergida afecta a más de un millón de personas y mueve al año 202.000 millones de euros.