Siete años de prisión para La Mari por la estafa millonaria en Caja España

La Audiencia de León ha condenado a una pena de 7 años, 5 meses y 29 días de prisión a María Consolación S.V. como responsable de una estafa millonaria en Caja España, así como a abonar casi 6 millones de los que se apropió procedentes de familiares y amigos a los que convenció para invertir en falsos fondos.

En total, hay 139 perjudicados que acusaron a la ahora condenada de haberse apropiado fraudulentamente de 5,5 millones de euros.

Según expuso la fiscalía durante el juicio, celebrado el 3 de febrero, la ahora condenada ideó en el año 2002 un sistema para obtener dinero en efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que estarían reservadas a altos directivos de Caja España que estuvo en activo hasta 2011.

Según la fiscalía, en virtud de la confianza que le tenían, las personas le entregaban importantes cantidades de dinero en efectivo, producto de sus ahorros, de empréstitos y de otros negocios jurídicos.

Ella disponía del dinero sin suscribir ningún producto financiero a nombre de esas personas, no lo entregaba a Caja España y a cambio recibían documentos que la condenada había elaborado o encargado su realización, en los que había estampado distintivos de Caja España (en alguna ocasión llegó a insertar los de otro banco) así como el sello de la entidad, con una firma ilegible.

Durante el juicio, María Consolación S.V. negó haber ideado el plan, culpó a sus superiores e insistió en que ella, que era una mera secretaria, fue la primera víctima.

La acusada reconoció que las entregas de dinero a los perjudicados se hicieron a través de ella y que todas las inversiones y el pago de intereses se realizaban siempre en efectivo.

Pero insistió en que "fue Caja España la que hizo que todo fuera posible porque todo se hizo y se gestionó dentro de la entidad" y que ella solo cumplía órdenes de sus superiores porque era la secretaria de Dirección.

Explicó que todo comenzó en 2001 cuando, en una reunión con su jefe directo y debido a la relación de amistad que les unía, este le propuso invertir en un fondo "muy reservado" y le dio la posibilidad de que invitara a entrar también a sus familiares y amigos.

A este respecto, señaló que eran unas inversiones "muy reservadas que no se comercializaban al público en general, con una rentabilidad muy alta.

Se realizaban todas en efectivo, tanto inversiones como pago de intereses y eran algo interno y reservado y no había que declararlo en la renta.

Los primeros en acceder a esos fondos fueron la propia acusada, su padre, sus suegros, sus tíos y su cuñado, según ha destacado ante el tribunal, según explicó en el juicio.

Reconoció que las entregas de dinero se hicieron a través de ella pero en todo momento sus tres superiores fueron "testigos directos" además de ser quienes "recogían los sobres".

Negó que ella fuese la que ideó el plan y también haber recibido dinero de esos fondos, si bien no supo justificar por qué su núcleo familiar tenía unos ingresos superiores a los 140.000 euros anuales cuando su salario era de aproximadamente 2.000 euros al mes.

También declaro que no entiende por qué hay 139 perjudicados reflejados en el procedimiento judicial cuando la mayoría invertía el dinero de varios miembros de su familia a nombre de uno solo y cuando "a la mayor parte de ellos ya se les devolvió el dinero en su totalidad".

Insistió en que la Caja se quedó con el dinero, al tiempo que confesó que ella llegó incluso a pedir un préstamo personal para abonar los intereses que la entidad dejó de pagar a los clientes a los que ella había recomendado invertir.