La falta de personal bloquea expedientes de la oficina de consumo de hace cuatro años

Donde había 11 personas en el año 2009, en la actualidad prestan servicio apenas 4 empleados: uno de ellos con un contrato temporal que finaliza en abril y dos más que han estado de baja durante parte del 2019. La situación laboral hace que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) y la Junta Arbitral de Consumo, pendientes del Ayuntamiento de León, acumulen cerca de 1.400 expedientes pendientes de resolución. No son de hace un mes. Ni siquiera de un año para atrás. El listado acumula hasta cuatro años de espera, según los datos del informe firmado por la directora del servicio, en el que se recalca que «estos retrasos, que se han ido acumulando, son consecuencia de la progresiva e importante minoración del personal adscrito a esta sección que, en atención a la especificidad y complejidad» de los asuntos que se tramitan, «ha de contar con un cierto grado de formación y especialización en materia de Consumo, o, al menos, en la tramitación de expedientes administrativos».

El mayor problema se da en la Junta Arbitral de Consumo. El sistema permite «un arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales respecto a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor», como señalan desde el servicio. Sus laudos tienen «efectos de cosa juzgada» y son «inmediatamente ejecutivos», pero acumulan «un gran retraso en la tramitación de los expedientes», como se recalca en el informe, en el que se anotan 386 pendientes de tramitar de ejercicios anteriores —entre comunicadas, realizadas, sin decisión y resueltas pero no notificadas— y otros 253 sin haber pasado siquiera el paso de audiencia.

El informe, que reseña que desde agosto de 2016 a febrero de 2018 una de las encargadas de resolver los arbitrajes ha estado de baja, detalla los arrastres que vienen de cada año. Con más de cuatro años de espera hay 118 expedientes de los 472 que se presentaron en ese ejercicio; con tres años hay otros 170 de los 518 registrados; con dos años hay otros 141 casos de los 615 que hubo sobre la mesa; y en 2019 se apuntan 110 pendientes de los 535 tramitados. A mayores, como se apostilla en el documento, «cabe destacar que no se han podido incluir en la estadística» correspondiente al pasado año «más de 100 solicitudes de arbitraje y ha sido necesario computarlas al año 2020».

El informe admite además el «retraso» en la tramitación de los expedientes de la Omic. Por esta puerta entrar las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Cuando se realizan los trámites y no es posible llegar a su resolución, son derivadas a la Junta Arbitral de Consumo. Pero aún no han llegado ahí 756 casos: 208 en tramitación y 548 sin abrir siquiera.

El resumen de la actividad muestra que del 2018 se encuentran en trámite 15 reclamaciones y 1464 han sido archivadas y/o trasladadas; de 2019, 302 pendientes de inicio de procedimiento, 163 expedientes con algún trámite por resolver y 807 resueltas; y en 2020, de los 269 expedientes abiertos, 246 están pendientes de inicio de procedimiento y apenas 29 se han cerrado.

Con todos estos datos, la directora de la Omic es tajante en su conclusión. «Debe ser prioritario para este Ayuntamiento incrementar el personal actualmente adscrito a la sección de consumo, a fin de ofrecer al ciudadano un servicio de calidad en un área, como es la protección del consumidor», regulada por «mandato constitucional».