Los perjudicados por la estafa en Caja España tardarán dos años en cobrar
La defensa de la encausada y la entidad financiera recurren ante el Tribunal Supremo
Las 139 personas perjudicadas por la supuesta estafa piramidal en la antigua Caja España tardarán al menos dos años en recuperar los 5,5 millones de euros que tienen pendientes de percibir, a consecuencia de la decisión de la defensa de la penada de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial, que la condenó a siete años y medio de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos y a dos años y medio más por otro delito continuado de estafa. A tenor del ritmo de trabajo del Alto Tribunal para este tipo de procedimientos, se calcula que la sentencia posterior y un previsible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no tardarían menos de dos años en resolverse, en el mejor de los casos.
Montante importante
Las cantidades pendientes corresponden a las supuestas inversiones que los damnificados pensaban que estaban realizando en productos de la entidad financiera y de los que sus cargos directivos afirmaron no tener constancia en el transcurso de la vista oral, celebrada por espacio de tres semanas en el Palacio de Justicia. Van desde los 11.000 euros hasta los 340.00 en los casos más importantes. La mayor parte de los afectados recibieron pequeñas cantidades en concepto de intereses, que suponen alrededor de un millón de euros en el montante total. El volumen total de la operación se acercó a los seis millones y medio de euros, de acuerdo a los cálculos del Ministerio Fiscal.
La representación letrada de Unicaja, heredera de la extinta Caja España, entiende que no tiene por qué correr con el abono de los 5,5 millones de euros que fija la sentencia como responsabilidad civil subsidiaria porque considera que la artífice de las operaciones era la condenada, que si bien según la sala, actuó prevaliéndose de su posición en la entidad, no contó con la aquiescencia de los rectores de la entidad financiera.
Por ello el equipo de letrados de la firma bancaria exige que se retire la condición de responsable a su representada y que se imponga dicha responsabilidad a la condenada.
La sentencia inicial exonera de toda responsabilidad civil y penal al marido y al hijo de la acusada, para quienes se proponía un año de prisión en el caso del primero y una responsabilidad lucrativa que los magistrados no tuvieron en cuenta, a tenor de la redacción de la sentencia, de 399 folios que se hizo pública el pasado 5 de marzo.