La subida del SMI impide el acceso a la justicia gratuita de las rentas más bajas

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de oficio Digno (Altodo) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo debido a que los ciudadanos que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) no pueden acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita desde la subida a 950 euros que aprobó el Gobierno el pasado mes de febrero; casi la mitad de los trabajadores por cuenta ajena de la provincia tiene ingresos inferiores al salario mínimo fijado.

Con la actual regulación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que referencia para su concesión al módulo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), quienes sólo perciben el SMI no pueden acceder a tal derecho, puesto que superan los umbrales previstos para su reconocimiento.

De esta manera, denuncia, estos ciudadanos cobran las rentas mínimas «están privados de la posibilidad de asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, defensa y representación gratuitas por abogado y procurador, asistencia pericial gratuita u obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, entre otras prestaciones»,

«La fijación del salario mínimo es un instrumento para garantizar a los trabajadores y a sus familias afrontar dignamente sus necesidades básicas, es decir, son mínimos salariales indisponibles pero no presuponen la tenencia de recursos suficientes para litigar. La falta de recursos para litigar es el único presupuesto que contempla la Constitución para que el Estado garantice el derecho de acceso a la Justicia mediante el servicio público de asistencia jurídica gratuita», recuerda la asociación de abogados del Turno de Oficio.

CAMBIAR LOS REQUISITOS

Es por ello que ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, para que «promueva las medidas necesarias para que las familias y ciudadanos que únicamente perciben ingresos no superiores al SMI puedan acceder de forma efectiva a la Justicia, puesto que la realidad es que en la actualidad no pueden hacer frente a los costes de acudir a los tribunales».

Por otro lado, también reclama que se tomen las medidas necesarias para que «quienes integran el tejido productivo y colaborativo en este país, asociaciones sin ánimo de lucro, microempresas y autónomos en situación objetiva de falta de recursos para litigar» y que actualmente están afectados por las consecuencias del Covid-19, de tal forma que «no podrán seguir haciendo frente a sus obligaciones básicas ni, en su caso, reclamar por sus derechos», puedan ser también reconocidos como beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

«El único asesoramiento gratuito legalmente previsto es el prestado por la abogacía adscrita al Turno de Oficio y sólo para quienes tienen reconocido el derecho a la asistencia gratuita, siendo público que multitud de entidades están aprovechando el momento para hacer márketing».