Alfredo Prada pide de nuevo el archivo de la causa del Campus de la Justicia

Alfredo Prada, exconsejero en el gobierno madrileño de Esperanza Aguirre e imputado en la causa sobre el Campus de la Justicia, ha pedido de nuevo el archivo de la investigación tras un informe reciente del Tribunal de Cuentas sobre este caso que no ve "indicios suficientes" de daño en los caudales públicos.

El proyecto del Campus de la Justicia pretendió durante el Gobierno de Esperanza Aguirre agrupar los órganos judiciales con sede en Madrid excepto los estatales en la zona de Valdebebas.

Sin embargo, sólo llegaron a traspasarse al Campus dos edificios y las únicas obras realizadas fueron la construcción del Instituto de Medicina Legal y parcialmente dos túneles de interconexión con otros inmuebles que no se llegaron a desarrollar.

Según un comunicado remitido a Efe, el exconsejero sopesa además emprender acciones legales contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por promover "la denuncia que originó la infundada investigación judicial" al remitir a la Fiscalía el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia durante el periodo 2005-2015.

El también exvicepresidente regional se apoya en el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, fechada el 31 de enero, que alude a "la ausencia de certeza de que haya podido producirse un daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos".

"No cabe apreciar, a los efectos provisionales y cautelares propios de las presentes actuaciones previas, indicios suficientes para la concurrencia del elemento material del daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial", concluye el tribunal.

Y añade que ante la "inexistencia de supuestos constitutivos de alcance", no procede pronunciarse respecto a las "presuntas responsabilidades".

Fuentes del Tribunal de Cuentas explican que no constan alegaciones de la Fiscalía ni de la Cámara de Cuentas, si bien aún no pueden descartar que no se presenten, por lo que siguen dando carácter provisional al informe. De no recibirlas, añaden, previsiblemente se procedería a cerrar el caso.

Aparte de este procedimiento, la Audiencia Nacional investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones corresponderían a construcciones del Campus. Según la investigación, se pagaron 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.

Prada es uno de los imputados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario y ya pidió en otras ocasiones el archivo, si bien el juez entendió que "tomaba parte directa" en las "decisiones estratégicas" de la entidad.

Ahora incorpora a su petición el informe del Tribunal de Cuentas, que ha examinado las presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía y la Cámara de Cuentas de Madrid en el proyecto.

Según el instructor, "cabe afirmar con carácter general la realidad material de las causas de los pagos y la ejecución de las prestaciones contratadas -con independencia del grado de formalidad de tal contratación-".

También alude al tiempo transcurrido desde los primeros hechos investigados, hace "más de quince años", y reconoce el modo de gestión "fuertemente externalizado" del proyecto y el gasto "importante" en promoción.

Sin embargo, explica que el estudio de la Cámara de Cuentas se hizo con "el proyecto ya abandonado" y que si éste se hubiera desarrollado como estaba previsto, "tal montante hubiera sido ínfimo respecto de lo correspondiente a la ejecución de las obras".