Consenso en el Diálogo Social para pedir Erte protegidos hasta fin de año

El Consejo del Diálogo Social, presidido por Alfonso Fernández Mañueco y con la participación de la nueva consejera de Empleo e Industria, la leonesa Ana Carlota Amigo, coincidió ayer en la necesidad de que el Gobierno de España desvincule los Ertes por fuerza mayor del estado de alarma, prolongando su duración hasta final de año en los sectores de la Comunidad más golpeados por el Covid-19, como automoción, hostelería, turismo y comercio, entre otros.

Junta, patronal y sindicatos, también están a favor de que Castilla y León pueda gestionar el Ingreso Mínimo Vital, aprobado la semana pasada por el Gobierno central. En este sentido, Fernández Mañueco recordó que en la última reunión con el presidente del Ejecutivo nacional y el resto de presidentes autonómicos solicitó la gestión de este ingreso mínimo, cuyo traspaso se ha comprometido ya para las comunidades de Navarra y el País Vasco, y subraya que Castilla y León tiene la capacidad, la experiencia y el reconocimiento de organismos independientes a la buena gestión de sus servicios sociales. Mañueco recordó que este proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo para el futuro de Castilla y León debe realizarse en un espacio de consenso y colaboración, y no de crispación.

Los Erte están resultando una herramienta eficaz para contener la destrucción de empleo en esta crisis. Por eso el Gobierno está abierto a mantenerlos al menos hasta final de septiembre con el objetivo de continuar protegiendo a los trabajadores y a las empresas. «Sin ninguna duda», aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista a RNE, quien incluso se mostró receptiva con la reivindicación de Castilla y León sobre el hecho de que pudieran prorrogarse hasta final de año en algunos sectores, los más castigados por la pandemia, como podrían ser el turismo, el comercio, el transporte o la industria del automóvil. «Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio», explicó.

Dinero para entes locales ya

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT defendieron en la reunión del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León la puesta en marcha inmediata de un «plan de choque» extraordinario de 50 millones para que los ayuntamientos y diputaciones puedan contratar en otoño a al menos 5.000 desempleados, como medida para paliar la crisis del coronavirus. Este plan sería complementario con el que tenían ya pactado con la Junta, dotado con 57 millones de euros En 2020 e incluido en el denominado Papecyl, para que las entidades locales pudieran formalizar contratos de seis meses a unos 8.000 desempleados, por lo que en total se podría alcanzar la contratación de 13.000 parados mediante esta vía.

Este sería el contenido de una de las dos mesas de negociación que los sindicatos quieren abrir de forma inmediata, este mismo mes de junio, en el seno del Diálogo Social, junto a la que reformularía la Renta Garantizada de Ciudadanía para adaptarla a la nueva normativa estatal del Ingreso Mínimo Vital.