España, Francia, Estonia, Portugal y Rumanía se quedan en la recta final
El centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad no se trata de una Agencia de Ciberseguridad Europea, que ya existe, se denomina Enisa y está radicada en Grecia. El organismo al que opta León se basa en el objetivo de la UE de «mantener y desarrollar las capacidades tecnológicas e industriales en materia de ciberseguridad necesarias para garantizar la protección de su mercado único digital»; así como «aumentar la competitividad de la industria de ciberseguridad de la Unión y convertir la ciberseguridad en una ventaja competitiva para otras industrias de la UE», como se recoge en el reglamento de funcionamiento y gestión.
El «enfoque global» que establece la creación del centro «permitiría apoyar la ciberseguridad en toda la cadena de valor, desde la investigación hasta la implantación y la adopción de tecnologías clave». No cabe hacerlo de manera individual por parte de los países miembros, por el elevado volumen de inversión que requiere. Para coordinarlo, la estrategia marca la creación de un organismo, que es al que opta el Incibe, y a su vez una red de centro nacionales en cada uno de los países.
En este punto ya se encuentra León, después de la confirmación el martes por parte del Gobierno. En la elección ha tenido incidencia el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha apoyado en los foros internos la propuesta junto con el secretario provincial y diputado del PSOE, Javier Alfonso Cendón. La decisión permite asentar la potencialidad del Incibe y desechar otras posibles candidaturas, como las del Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert), radicado en Madrid, o el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC); ambos desgajados del embrionario Inteco por parte del anterior Ejecutivo nacional del PP.
La consecución del primer objetivo como centro de referencia nacional en la red comunitaria, algo ya inamovible, abre la puerta para el siguiente paso. La sede central europea «se determinará mediante un procedimiento democráticamente responsable, aplicando criterios transparentes y de conformidad con el Derecho de la Unión», según se cita en las enmiendas incluidas al reglamento el 13 de marzo del 2019 en Estrasburgo, cuando se oficializó que, como ya se había avanzado en enero de ese mismo año, no se fijaría de manera directa la sede en Bruselas, como se había planteado en septiembre de 2018 en la reunión inicial celebrada en Salzburgo. Pero no será León la única candidata. En la pugna tendrá que enfrentarse a Francia, Portugal, Rumania y Estonia, según las primeras posturas planteadas ante la UE.
Sin entrar más allá en los criterios que marcarán la elección, que se espera que esté este año, el documento sí que marca que «el Estado miembro anfitrión ofrecerá las mejores condiciones posibles para garantizar el buen funcionamiento del centro de Competencia». El texto reseña que deberá contar con «una sede única, además de otras condiciones como la accesibilidad de los servicios educativos adecuados para los hijos de los miembros del personal y un acceso adecuado al mercado de trabajo, la seguridad social y la atención médica para sus hijos y parejas»; un apunte que implica la llegada de expertos internacionales.
El Centro de Competencia nacerá con fecha de caducidad. El reglamento marca su funcionamiento para «el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029». «Al final de este período, a menos que se decida lo contrario mediante una revisión del presente reglamento, se iniciará el procedimiento de liquidación», se cita en el texto, en el que se apunta que «el procedimiento de liquidación se iniciará automáticamente si la Unión o todos los Estados miembros participantes se retiran».
Aunque hasta entonces, «el centro alimentará la comunidad de competencias en ciberseguridad, impulsando el programa tecnológico de ciberseguridad y facilitando el acceso a los conocimientos especializados reunidos de este modo». Para lograrlo, ejecutará, «en concreto, las partes pertinentes de los programas Europa Digital y Horizonte Europa, asignando subvenciones y efectuando contrataciones», dentro de un presupuesto de más de 2.000 millones de euros de la UE que deberá ser complementado con otros tantos por parte de los estados miembros.
El objetivo es más que ambicioso. En la estrategia se incide en que «en la actualidad, la Unión es un importador neto de productos y soluciones de ciberseguridad y depende en gran medida de proveedores no europeos». La ciberseguridad mueve «un mercado de 600.000 millones que se espera que en los próximos 5 años crezca, de media, aproximadamente un 17 % en términos de ventas, número de empresas y empleo».