Gestión de residuos
Gersul deberá subir un 16% la tasa para pagar los 23 M€ de su deuda y equilibrar los gastos
La Intervención propone liquidar el consorcio y que Diputación y ayuntamientos cobren cada uno sus recibos
La deuda del consorcio provincial de residuos de León (Gersul) la pagarán, al final, los ciudadanos. La Diputación provincial y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes: la capital leonesa, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, asumieron en la reunión de ayer el informe de Intervención en el que se remarca la inviabilidad del organismo, se propone su liquidación y se establece la necesidad de subir la tasa un 16% para el próximo año con el fin de equilibrar las cuentas y afrontar los 23.021.336,42 euros de deuda. No hay otra salida, como se resuelve en el informe del encargado de la fiscalización del ente, que marca que se deberá crear un convenio interadministrativo por el cada una de las cuatro partes se subrogue en derechos y obligaciones y empiece a gestionar el cobro de su parte del padrón de contribuyentes.
La cita de ayer reunió a los alcaldes de los tres ayuntamientos, al máximo responsable de la Diputación y al presidente del consorcio, el alcalde de La Robla y diputado de Hacienda, Santiago Dorado. El encuentro sirvió para fijar una postura común con respecto al pago de la deuda con la concesionaria del centro de tratamiento de residuos, la UTE Legio VII. La empresa, conformada por FCC y Urbaser, reclama que se cumpla el acuerdo judicial que obliga al consorcio a abonarle los 23.021.336,42 euros de la deuda, que viene de los impagos de los cinco últimos meses de 2009 y todo el año 2010.
La cuenta se repartirá en función de la cuota de cada parte, que viene determinada por el padrón: a la institución provincial, como representante de los consistorios de menos de 20.000 habitantes, le corresponde asumir 12.030.950,41 euros por su 52,26%; al consistorio capitalino, 6.220.365,10 euros por el 27,02%; a la institución berciana, 3.236.799,90 euros por el 14,06%; y a San Andrés del Rabanedo, 1.533.221,01 por el 6,66%.
Solución ya
La reunión de ayer entre las partes sirvió para que la Diputación garantice la operación de financiación
El acuerdo parte de que será la Diputación quien garantice la operación. La institución provincial, que tiene 60 millones de euros que no puede tocar por regla de gasto, pignorará sus 12 millones. El movimiento, que supone inmovilizar este dinero, se busca como garantía para que una entidad financie la operación, en la que los tres ayuntamientos firmarán sus obligaciones de contribución dentro de un convenio. Como alternativa que se trató, también se plantea la posibilidad de que la administración con sede en el palacio de los Guzmanes ponga la suma total y ejerza de agente refinanciador para que el resto le devuelvan los fondos año a año.
El escenario descrito para solventar la deuda no evita que la Intervención insista en que se debe liquidar el consorcio. La decisión debe ser refrendada en la mancomunidad, donde participan otros organismos, como el consejo comarcal del Bierzo, y más ayuntamientos. Su desaparición conducirá, según el escenario marcado en el informe, a la constitución de un convenio interadministrativo en el que se regulen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. La principal consecuencia será el cobro de los recibos, que ha sido uno de los problemas principales por la gestión de los padrones que hacen que no pague todo el mundo. De esta manera, cada uno gestionará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus administrados y gravará la tasa de basura con 82 euros de coste de tratamiento por cada 100.
En tres meses
El informe marca que la disolución del consorcio dará paso a un convenio entre las administraciones
Pese a que la intención inicial era conseguir llegar a esta situación antes de final de año, para que cada administración asumiera ya el cobro de 2021, las partes reclamaron ayer tres meses de espera para iniciar la liquidación. El plazo limita mucho las posibilidades de cumplir el objetivo, puesto que cada parte tendrá que hacer la tramitación de la ordenanza y su aprobación y publicación en el BOP previa al 31 de diciembre. La demora hace que se tenga que subir el 16% la tasa para equilibrar gastos y recaudación, según el informe, que marca que en la actualidad se ingresan 14 millones y hay que llegar a 16,1 millones. Sin este condicionante, cada administración podría decidir cómo lograr el objetivo con una recaudación más eficiente. En León, sólo con lograr que paguen los 21.600 recibos que ahora no se ingresan de los 81.600 totales no haría falta el incremento.
