El reparto de las cajas incluyó a última hora un inventario que no aprobó la asamblea

El largo proceso de negociación para crear una gran caja de ahorros autonómica dio lugar finalmente en 2010 a Caja España Duero, y ya en ese momento la nueva entidad centró el objetivo de Unicaja, que inició ese mismo año las negociaciones para hacerse con la caja con sede en León. La crisis económica y las dificultades de la entidad recién formada, que se multiplicaron con la fusión, provocaron un deterioro del negocio financiero en pleno proceso de reestructuración del mercado financiero que llevó a la caja local a aprobar en julio de 2011 (su consejo de administración) la división del negocio financiero y de las actividades de la obra social.

Un acuerdo de segregación que establecía que ya desde enero de 2011 las operaciones de Caja España Duero relativas al patrimonio segregado se realizaban a efectos contables en el banco; y que aprobó la asamblea general el 5 de septiembre de 2011 con una filosofía clara: el banco (Ceiss) que quedaba con el negocio financiero y los bienes que se utilizaban para este fin; mientras que el resto del patrimonio (el excluido de ese grupo) pasaba a formar parte de una fundación que gestionaría los intereses de las obras sociales.

Sin embargo, según quedó de manifiesto ayer con las declaraciones de los testigos ante el juez que lleva la demanda de Fundos contra Unicaja, unos días antes de que se escriturara la segregación ante el notario se incluyó en el documento un inventario en el que se establecen «criterios de contabilidad» para determinar qué bienes son del banco y cuáles de las obras sociales. Un documento que no fue aprobado por la asamblea general.

La escritura de segregación señala que el conjunto segregado es el que recoge el proyecto de mayo de 2011 suscrito por los administradores de Ceiss, y aprobado por la asamblea general el septiembre. Sin embargo, las subsanaciones posteriores (de febrero y noviembre de 2014) responden a esos criterios contables, según explicaron ayer los testigos.

Fundos defiende que Unicaja está ya detrás de decisiones como este traspaso de fondos que considera de la obra social al banco, que acabaron en manos de la entidad que preside Manuel Azuaga. Un documento en el que se señala que son propiedad del banco no sólo los inmuebles adscritos directamente a la actividad financiera, sino aquellos que aparecen en el listado que se incluyó en la escritura a última hora.