Tribunales
El TSJ advierte «graves irregularidades» en la contratación del conservatorio
El Alto Tribunal anula la adjudicación y encarga al juzgado que determine si hay delito
La parcela del conservatorio está ubicada frente al centro médico de La Palomera. RAMIRO
Marcado primero por la polémica de su ubicación y luego por las críticas hacia lo que la comunidad educativa considera unas instalaciones insuficientes, el proyecto del conservatorio profesional de música se encuentra ahora con los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anula «la adjudicación de la Consejería de Educación al estudio de arquitectura González Arquitectos, S.L.P. del contrato de servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción», como comunicaron desde el organismo judicial.
El fallo, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, estima de esta manera el recurso interpuesto por «el estudio Mata Arquitectura S.L.P., que fue excluido del concurso pese a haber presentado la oferta mejor valorada». Los magistrados, además, «acuerdan deducir testimonio y remiten copia de la causa a los juzgados de instrucción para que investiguen si las irregularidades detectadas en la tramitación del expediente administrativo son constitutivas de delito», trasladaron las mismas fuentes.
Otro adjudicatario
Las consejería excluyó del proceso al estudio de arquitectura que había tenido mejor puntuación
Los magistrados consideran que la decisión de la consejería «infringe la legislación porque adolece de falta de motivación al no exponer las razones por las que es excluida la recurrente» y reconoce su derecho «ser adjudicataria del expresado contrato». En el caso de que la sentencia no pueda ejecutarse, la Sala recalca que el estudio de arquitectura demandante debe ser resarcido por «los daños y perjuicios que se le hubieran causado, consistentes en el lucro cesante de los beneficios del contrato, cuya cuantía se determinará, en su caso, en ejecución de sentencia, con imposición de las costas a la parte demandada» con un máximo de 2.000 euros.
La sentencia reseña que existen «graves irregularidades procedimentales» que hicieron que se excluyera a quien tenía la mejor puntuación en el proyecto técnico y la mejor oferta económica, después de dos informes «firmados por cinco personas, cuatro arquitectos y la jefa del servicio de Construcciones en ellos se concluye que está justificada la baja de la oferta». Por contra valida el acta «que no está firmada por nadie» y se apoya en un nuevo informe «que sólo está firmado por la jefa de servicio, en el que dice lo contrario a lo que antes había dado el visto bueno». Por este motivo los magistrados acuerdan «remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción de Valladolid que corresponda, por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal».