«El nuevo modelo residencial debe ir hacia las unidades de convivencia: funcionan bien»

—En León una treintena de residencias sufrieron el mayor golpe del coronavirus. ¿Se ha analizado qué pasó? ¿Se pudo evitar?

—El problema es el virus. En los centros donde ha entrado la mortalidad ha sido del 25-30%. En la Comunidad, el 73% de los centros han estado limpios de coronavirus. ¿Cuál es el problema? Atacaba a las personas más dependientes, más vulnerables y más mayores, que son las que estaban en las residencias. La primera semana, sobre todo, fue por la carencia de Epis. A partir del 19-20 de marzo desde la Junta empezamos a suministrar equipos a todos los centros. El Ministerio nos dijo que nos enviaría Epis y no nos llegaron.

—¿Qué se hizo bien en las que no sufrieron contagios?

—Mucho trabajo en los centros. La estructura arquitectónica en estos centros a la hora de aislar y separar a los residentes fue más fácil en algunos centros que en otros. Estamos hablando de una enfermedad que sobre todo al principio era muy contagiosa. Los casos que teníamos en las residencias llegaron por algún familiar enfermo, los trabajadores también se contagiaron. Fue una situación complicada. Por qué en unos entró y en otros no es algo que también estamos preguntando de cara a ese informe que queremos presentar en septiembre en las Cortes. Les hemos pedido a todos los centros quién fue el paciente cero para saber cómo pudo o no pudo entrar. La situación fue más difícil de controlar en aquellos centros en los que entró el virus que en aquellos en los que no entró.

—Dice que empiezan a suministrar Epis a partir del 20 de marzo, pero la instrucción de restringir y prohibir visitas es de una semana antes.¿Por qué no se reaccionó igual de rápido para los Epis?

—Los centros debían tener su suministro de Epis correspondiente para casos de infecciosos dentro de los planes de seguridad y salud, dotaciones pequeñas. Es fácil analizar la situación ahora. Hay que situarse en marzo. A raíz de los brotes de Burgos y de lo que estaba pasado en Soria y Segovia, el día 12 se restringieron las visitas a las residencias, y el día 13 las prohibimos. El día 14 se declara el estado de alarma y pasamos de un estado preventivo a alerta sanitaria. Hay que ver la carencia de Epis que había en toda España y en todo el mundo en esos momentos. Algunos centros que no necesitaban y al día siguiente o esa misma tarde nos decían que ‘nos los han confiscado’, se los han llevado, necesitamos que traigáis. El mismo día 14 el Ministerio dice que no compran las comunidades Epis, que se hacía la compra centralizada. Al poco tiempo, la Junta, a través de Fomento y Sanidad, empezó a comprar estos equipos de protección. El presidente del Gobierno al principio dijo que se iban a distribuir 1,5 millones de Epis y nos parecía una cifra descomunal. Pues solo en las residencias hemos distribuido más de seis millones.

—¿Está de acuerdo con la decisión de la Consejería de Sanidad de seleccionar a las personas que iban a los hospitales por edad y hospitalizar las residencias? ¿Está al 100% de acuerdo con esta medida?

—A las personas que vivían en las residencias se las atendió siempre según el criterio médico que tenía que primar. Se crearon los equipos Covid formados por Atención Primaria con los especialistas hospitalarios, que iban a las residencias y los atendían allí. Había casos que eran más graves, más complejos, y se llevaban bombonas de oxígeno, se les ponían las vías a aquellas personas que las necesitaban, se les suministraba antibiótico... se les atendía en el centro, en hospitalización domiciliaria. Cuando era necesario y el criterio médico lo determinaba se les trasladaba a los hospitales. Alrededor de 4.500 personas —1.116 hasta el 27 de julio en León— fueron trasladadas a hospitales. Hay que tener en cuenta que el mando único era el ministro de Sanidad. Estábamos en un estado de alarma provocado por una pandemia y los que marcaban los criterios eran los sanitarios. Los médicos evaluaban el estado de las personas y tomaban la decisión más adecuada. Estamos hablando, que no se nos olvide, de personas muy dependientes, muchas de ellas de grado 2, de grado 3, personas muy mayores que se desorientan con mucha facilidad, personas que muchas veces están encamadas, en sillas de ruedas... hay que tener en cuenta la situación de cada uno de ellos.

—¿Usted cree que estuvieron bien atendidos en las residencias?

—Yo creo que sí. Siempre siguiendo el criterio médico. Desde luego, las personas que los atendían allí lo dieron todo por atenderlos y acompañarlos cuando fallecían. No olvidemos que estaban prohibidas las visitas.

—Pese a todo, consejera, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho que lo que había ocurrido en las residencias de Castilla y León y Valladolid había sido un crimen literalmente. ¿En el algún momento el vicepresidente segundo se ha puesto en contacto con usted desde que tomó las riendas de los centros sociales?

—No, el vicepresidente no se ha puesto en contacto con esta consejería desde que tomó posesión. Yo le mandé una carta y no ha contestado. En la pandemia asistió al consejo territorial a mediados de marzo. Nos dijo que se iban a destinar 300 millones para las residencias, que luego fueron 300 millones para servicios sociales. Nos dijo que nos mandarían los Epis (que no han llegado, todos los equipos que hemos distribuido nos los han suministrado siempre desde Sanidad de la Junta). A mediados de junio, cuando ya había pasado todo, estuvo en otra reunión y dijo que habría que crear algún grupo de trabajo para ver qué lecciones aprendíamos, qué se podía hacer, qué había pasado. Ha sido todo el contacto que he tenido con el vicepresidente. A mí me da mucha envidia la consejera de Sanidad, sinceramente, que periódicamente se reunía con el ministro Illa. A mí el vicepresidente no me ha llamado. No así su equipo. El secretario de Estado, cuando ha habido un problema, se le ha trasladado y han intentado dar respuesta. ¿Se ha cometido un crimen? No. No se lo consiento al vicepresidente. No se ha cometido un crimen en las residencias. Él tenía responsabilidad? Por supuesto. Estábamos en un estado de alarma y el mando único era el Gobierno de España. El que dictaba las órdenes que nosotros teníamos que cumplir. El ministro salió diciendo que delegaba las competencias en Servicios Sociales en el vicepresidente. Ellos daban las órdenes y nosotros gestionábamos el día a día. Un día a día muy difícil y muy duro.

—Algunas residencias fueron intervenidas. En León, la de Caboalles de Abajo. ¿En qué situación se encuentra? ¿Se debería haber intervenido alguna otra como La Bañeza, que tuvo una situación muy complicada?

—Empezamos a intervenir cuando el ministerio, el mando único, publicó la orden de que teníamos posibilidad de hacerlo. Consistía en nombrar un funcionario público que gestionara los centros. Trasladé una consulta al secretario de Estado para preguntarle hasta dónde alcanzaba esa intervención. ¿Puedo intervenir las cuentas, por ejemplo, para contratar personal? Los criterios se fueron modificando progresivamente. Las intervenciones se autorizaban por salud pública y cuando las residencias estuvieran totalmente colapsadas. En Caboalles, el problema fue que no tenía personal. Cada día había menos porque se iban poniendo malos o estaban en cuarentena. Y había 13 ancianos en el hospital. Ante esa situación se interviene el centro, se mete personal —de ayuda a domicilio de la Diputación de León— y una vez que se soluciona la situación epidemiológica se ha levantado la intervención y el centro está funcionando con total normalidad.

—Le preguntaba por La Bañeza, donde hubo una situación muy complicada pero no se llegó a intervenir...

—Desde el principio intentamos ayudar a los centros para que ellos mismos siguieran gestionándose. Para que pudieran contratar personal de cualquier manera: a través del Ecyl, propusimos al ministerio que se flexibilizara la contratación de personal aunque no tuviera esas titulaciones mientras hubiera una experiencia. Se hicieron bolsas de trabajo, otra de voluntarios a través de personal de otras empresas, como ayuda domicilio o centros de día. Se les ayudó para que pudieran solventar la situación sin necesidad de llegar a la intervención. Cuando intervienes un centro das traslado también a la fiscalía. En La Bañeza y otras no fue necesario, puesto que se les ayudaba, se estaba presente y permanentemente informados de las actuaciones que se iban realizando.

— Ya han anunciado que van a cambiar el modelo y está teniendo reuniones con distintos sectores para el informe que ha dicho se presentará en septiembre...

—Sí, pero son cosas diferentes. Una cosa es el informe que se está elaborando sobre lo que se ha vivido, sobre la situación que se ha pasado estos meses y las conclusiones que se pueden sacar, que eso lo que presentaremos en las Cortes en septiembre, y otra cosa son las reuniones y los grupos de trabajo que se han creado para la ley de atención residencial. Son dos temas diferentes.

—En esas reuniones, ¿qué es lo que los especialistas le piden que cambie y qué es lo que funciona y se va a mantener?

—El tema de la ley de atención residencial fue un compromiso de legislatura. A raíz de la pandemia, se ha trastocado todo. ¿Dices si hemos fallado en algo o hay cosas que mejorar del modelo de Castilla y León? Sí. También el de España, también el del mundo. El otro día repasando datos, en Suiza, por ejemplo, el 90 % de los fallecidos había sido en centros residenciales y tienen modelos totalmente diferente a los nuestros. ¿Qué ha funcionado? Por ejemplo, el tema de las unidades de convivencia, que es hacia donde iba encaminado el modelo de Castilla y León porque arquitectónicamente, estructuralmente son bloques, módulos dentro de la propia residencia y ante una situación como esta, te permiten aislar y compartimentar. Son unidades de 16 personas en habitaciones individuales, tienen sus salones, tienen sus estancias. Y una cosa muy importante, siempre el mismo personal. En una residencia habitualmente el personal rota entre las distintas plantas, en las unidades de convivencia tiene siempre el mismo. Ha funcionado bien y hacia eso hay que seguir. Con los grupos de trabajo queremos abordar todas las perspectivas de la forma más amplia y plural posible. Nos harán llegar unas conclusiones, una recomendaciones e ideas para ver si es capaz de articularse este modelo. En septiembre tenemos la perspectiva sanitaria, que es de los factores más importantes. Siempre hemos dicho que las residencias no son hospitales, igual que nuestras casas no eran escuelas ni centros de trabajo, no estaban preparados. Las residencias son hogares y tiene que haber una interconexión entre la residencia y los centros de salud. Trabajamos en esas líneas, dejando de lado las ideas preconcebidas de todos, se trata de escuchar y de hacer el mejor modelo. Evidentemente no le va a gustar a todo el mundo.

—Las unidades de convivencia son el modelo ‘Como en casa’. ¿En qué medida se está ejecutando? Como ha dicho, arquitectónicamente es posible pero tiene sus dificultades para las residencias con una estructura.

—Se va implantando poco a poco. En las residencias donde ya hay una estructura arquitectónica habrá que adaptar dentro de las posibilidades con obras y transformaciones. Los nuevos centros vendrán ya con este modelo y los que hay tendrán que irse adaptando poco a poco, como por ejemplo tender a habitaciones individuales o dobles. Todavía hay centros, no son muchos, que tienen habitaciones de más de dos personas y hay que tender a esas modificaciones. En León hay 35 unidades en funcionamiento y 8 pendientes por concierto.

—¿Ese modelo va a ser posible en las residencias? En León, el 80% son rurales y con muy poquitas plazas.

—Primero vamos a ver qué modelo sale de esa ley y habrá que ver cómo vamos implantándolo en los centros.

—Acalerte ha pedido más restricciones en las visitas a la residencias de mayores. ¿Cómo van a gestionarlo? ¿Han valorado el impacto del doble encierro de las personas en residencias?

—Las visitas no se van a restringir. Hemos actualizado la guía de los protocolos que suprime las salidas de las personas mayores, en los mismos términos que se hacía antes, para temas de ocio o para ir a reuniones con familiares en aquellos municipios donde haya un brote. Las visitas se siguen manteniendo, por supuesto. La residencias están haciendo un trabajo impresionante, con todas las medidas de seguridad. Se trata también de normalizar la vida de los residentes dentro de los propios centros.

—Pasemos a la conciliación, ¿Tienen un plan para una posible segunda ola?

—No ha habido conciliación en estos meses, se ha compaginado el trabajo con los niños, con las tareas. Creo que se ha puesto una primera piedra para la corresponsabilidad en el sentido de que las profesiones que han tenido que trabajar presencialmente, los servicios mínimos que se han declarado, son oficios muy feminizados, con lo cual son las mujeres las que han salido de casa a trabajar y fueron ellos en muchos casos los que han tenido que hacerse cargo de los menores o de las personas mayores y enfrentarse a ese día a día al que muchas veces se enfrentan las mujeres. Cuando hablas de conciliación hablas de mujeres y hay que empezar a hablar de corresponsabilidad, que es cuando se habla de familias en el más amplio sentido de la palabra. De cara a un nuevo curso, de cara a un nuevo brote eso se debe de abordar en la Consejería de Educación. Nosotros cuando vimos que se empezaba a flexibilizar con las fases y los padres y las madres se incorporaban ya, lanzamos esa batería de medidas y de los rural camps o campamentos de estancias diurnas en los centros para tratar de facilitar esa conciliación. Ampliamos los horarios y los municipios a más de 3.000 habitantes. El Diálogo Social planteó ampliar Conciliamos a las tardes, sobre todo por el comercio y se hizo; incluimos servicio de comedor con todas las medidas de seguridad. Hablamos con Salud Pública para poder abrir los centros y fijar las ratios.

 

—¿Qué balance hace del programa en León?

—Está funcionando bien, hay demanda. Hicimos tres periodos. En el segundo, que es el que está ahora vigente, había algo más de 1.900 menores apuntados en la Comunidad. Ha sido una manera de tratar de dar una solución a esas familias. En el primero en León ha habido 153 familias y en el segundo 73 en cinco municipios. Cremos está en 35 municipios.

—¿Aumentaron las peticiones de excedencia y reducción de jornada en el confinamiento?

—Pusimos en marcha las ayudas de reducciones de jornada y de excedencia, se duplicó el presupuesto con 2 millones de euros respecto a lo que había, y está abierto el plazo hasta el 31 de agosto para poder cubrir esas situaciones de Covid y, sobre todo, se flexibilizaron los criterios para poder acceder a las mismas. Hasta ahora se han presentado un total de 858 solicitudes: 522 de reducción, 306 de excedencia y otras 30 que están pendientes de grabar y por tanto no sabemos si son de excedencia o de reducción. También salen ahora nuevas ayudas a conciliación para cubrir los gastos de guarderías del año pasado para ayudar también a esas familias en los gastos de los centros infantiles, al margen de las que ya se dan por deducciones del IRPF hasta 30.000 euros. Con estas ayudas tratábamos de cubrir a aquellas familias que no hacen declaración de la renta, que no llegan a ese ingreso mínimo y a aquellas familias que superan esos 30.000 euros. También haciendo especial incidencia en el mundo rural.

—Cómo han vivido los centros de menores la pandemia? ¿Ha aumentado o ha disminuido durante el acogimiento familiar? ¿Se han producido más situaciones de desamparo?

—El programa de acogimiento familiar ha descendido. Durante el estado de alarma se han realizado 26 acogimientos familiares (tres de ellos en familia extensa). Y hay 676 menores en acogimiento familiar actualmente. Tenemos que lanzar una campaña para fomentarlo. Nos hemos encontrado situaciones propias del Covid, no muchas, pero sí hubo de menores que tenían ingresados a los dos progenitores en el hospital por Covid. Habilitamos en todas las provincias un centro de referencia, para que fueran atendidos. Se usó en nueve casos.

—¿Ha habido un incremento de las denuncias por violencia machista?

—En la Comunidad, durante el confinamiento, no. Han sido números similares al año pasado, incluso un poquito menos. Nos ha llamado la atención. Se han recibido 159 denuncias sobre las 250 del anterior en un trimestre.

—¿Cómo explica, no en la pandemia sino en general, el aumento de la violencia contra las personas mayores?

—Uff. ¿A qué lo atribuimos?. No lo sé. Es un tema que nos preocupa desde el primer momento. En este caso, en la violencia de género, contra los padres, los mayores,… está habiendo un cambio de mentalidad en los más jóvenes. Situaciones que pensábamos que estaban desterradas ahora lo consideran normales. Temas como control del móvil, de cómo vistes… y lo mismo con los padres o la violencia familiar. Situaciones de especial agresividad. De hecho, estamos trabajando en sensibilizar sobre la igualdad en las universidades, para que trabajen en red. Hay que incidir en la educación, en la sensibilización de los más jóvenes. ¿Por qué? Por el cambio de mentalidad. Tenemos que ser capaces de detectar esas situaciones de violencia hacia las mujeres, las familias, los mayores… y, sobre todo, en el mundo rural. En las ciudades es más fácil que haya una denuncia. En el mundo rural parece que es más difícil dar el paso. Al principio de la legislatura nos pusimos como objetivo crear esa red social que pudiera detectar estas situaciones de especial vulneralidad. Estos meses han sido un paréntesis y hay que retomarlo.

—Por curiosidad ¿Al final la señora del Bierzo de 105 años que vivía en una residencia ha sido la persona de la Comunidad que con más años ha superado el Covid?

—Pues no lo sé. Los datos los tiene Sanidad.

— La juventud está en el punto de mira de los rebrotes. ¿Se está haciendo algo desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León para mentalizarles de las actuaciones adecuadas?

—Desde la Consejería se están haciendo campañas en este sentido. El Consejo de la Juventud es un organismo autónomo. Entendemos que estarán trabajando. Reciben subvenciones de la Dirección General de Juventud para sensibilización y formación en diferentes materias y entendemos que están trabajando en este sentido.

—¿Cuántas personas están en lista de espera en la provincia de León para optar a una plaza pública en una residencia?

—Con las listas de espera en residencias hay que tener en cuenta que no son lo mismo que las listas de espera de los hospitales. Hay persona que no tienen plaza, pero también quienes tienen otra prestación vinculada pero que no quieren destinarla a otro servicio, y hay quien puede estar en varias listas de espera, o una persona que está en Valladolid y quiere irse a León. Es muy relativa. Son 470 en Castilla y León, lo que se podría llamar lista de espera puramente dicha. Son personas que no están en una residencia, no tienen prestación vinculada para poder financiar una residencia privada, no han rechazado una residencia... Se dan muchas circunstancias en las listas de espera en residencias.

—¿Decía antes que era necesario un pacto por la Ley de Dependencia. ¿Cree que con esta crisis hay riesgo de recortes para las personas dependientes?

—Esperemos que no. No. En Castilla y León no. Nuestra intención es asumir los compromisos que tenemos ahora mismo, y más, pero necesitamos financiación. La Ley establecía que el Estado aportaba el 50%. Hay que incrementar la aportación de Estado, hay que revisar las prestaciones vinculadas y los grados de dependencia. El Estado tiene que aportar el 50%.

—¿Revisar que significa?

—Según el grado de dependencia y la capacidad económica reciben una aportación. Hay que aumentarla.

—¿Significa entonces que hay que aumentar esa aportación, no recortar?

—Aumentar las prestaciones

—¿Se han abierto ya los centros de día públicos?

—Tienen que estar abiertos manteniendo las medidas de seguridad. Lo que no se abrieron son los hogares de jubilados, destinados más a actividades lúdicas que propiamente asistenciales. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema.

—Familia, Fomento y Secretariado Gitano firmaron un convenio para erradicar el chabolismo, firmado desde la etapa de Herrera. El PP se quejaba hace poco que el Ayuntamiento de León no ha hecho absolutamente nada con este convenio.¿Tiene alguna información? ¿Ha habido contactos? ¿Hay riesgo de que esa subvención de 800.000 euros se pueda perder?

—No tenemos novedades sobre este tema.

—¿El Imserso se ha puesto en contacto con la Junta para decirles cuándo se va a poner en marcha la denominada Ciudad del Mayor de León?

—No. Tuvimos contacto con el Imserso durante la pandemia para usar como centros intermedios el centro de Alzhéimer de Salamanca, que lo utilizamos, y el Centro de Enfermedades Raras de Burgos, que al final no lo utilizamos porque el personal no estaba disponible