La ruptura del consenso municipal hace rectificar a Sánchez con los remanentes

La ruptura del consenso municipal ha obligado al Gobierno a rectificar y ahora está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo o modificar el actual sobre los remanentes municipales con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, según anunció ayer el presidente, Pedro Sánchez.

Sánchez aseguró que su gabinete tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» con todas las instituciones y, «singularmente, con los ayuntamientos», para negociar y dialogar.

El acuerdo sobre los remanentes fue aprobado por la Femp solo por los alcaldes socialistas y por el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, y validado posteriormente por el Consejo de Ministros, mientras que un gran número de munícipes del resto de formaciones políticas está en contra y pide su revisión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tildó de «histórico» el pacto, atribuye a «una estrategia de desgaste» la reacción del PP, durante su visita a la localidad gaditana de Rota.

Insistió en que la medida es «voluntaria», por lo que no entiende la oposición frontal de los otros partidos y agregó que «no tendría sentido que no se convalidara en el Congreso».

Sánchez recordó que está motivado por una ley aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes y que ahora permitirá el uso de 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica.

No obstante, añadió, «siempre estamos dispuestos a dialogar» con las fuerzas sociales, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.

Sánchez precisó que el acuerdo actual permite el uso de 5.000 millones de los superávit, contempla un fondo de compensación para los ayuntamientos que tienen dificultades financieras y otro fondo, de 400 millones, para compensar «el agujero» en las arcas municipales por el no uso del transporte durante el período del confinamiento.

A pesar de ser un «gran acuerdo», el presidente del Gobierno indicó que están dispuestos a negociar con las corporaciones y con los grupos parlamentarios para aprobar el acuerdo en el Congreso.

Los responsables de las corporaciones locales del PP se reunieron ayer en Santander, presididos por el vicesecretario de Política Territorial del partido, Antonio González Terol, que instó a Sánchez a escuchar «el grito» de los ayuntamientos y que retire el real decreto «discriminatorio y expropiatorio» de los ahorros de los municipios.

Le reclamó que presente un nuevo modelo de financiación local, que exigen las corporaciones locales «para hacer frente a la crisis en la este Gobierno nos mete de cabeza».

García Terol manifestó que es el PSOE el que se ha quedado solo, «el que crispa y que aprueba un real decreto sin hablar con nadie» y acusó al presidente de la Femp, Abel Caballero, «de traicionar al municipalismo».

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que acudió al encuentro, señaló que el Gobierno debería replantearse el decreto por «los escasos apoyos» que suscita, ya que, aparte de por los socialistas, no lo suscriben el resto de fuerzas políticas.

Pidió que continúen las negociaciones con el Ministerio de Hacienda sobre la liberación de los remanentes y el uso de los superávit municipal, que necesita un consenso de mayor calado.

Igual recordó que la federación cántabra de municipios ha rechazado el acuerdo porque deja a los ayuntamientos «desprotegidos» y ha precisado que el superávit es de unos 60 millones de euros, una decisión que todavía no se ha debatido en la federación regional de Castilla y León, muy polarizada.

También la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) aprobó rechazar el acuerdo sobre el uso del remanente de las entidades locales, con el único voto favorable de la alcaldesa socialista de Viana, Yolanda González.

En León capital la noticia es bienvenida aunque no hay superávir, Ponferrada destinará casi un millón a abordar el coronavirus y San Andrés no descartaría una fórmula mixta.