En marcha los 2.000 controles de los inspectores de la Junta sobre la sanidad en las empresas

La Consejería de Sanidad lleva tres días realizando las inspecciones para comprobar el grado de cumplimiento de la normativa en las empresas de todos los setores económicos. Son muchas las regulaciones publicadas durante las últimas semanas y afectan a muy diversos ámbitos, principalmente el sanitario y el comportamiento social. El cuadro sancionador alcanza para alguna de las infracciones hasta 600.000 euros de multa.

Los trabajadores están realizando un total de 11.695 inspecciones en las nueve provincias de la Comunidad para comprobar el grado de cumplimiento de estas medidas establecidas por la Junta y que también pueden sancionar los ayuntamientos, no como durante el estado de alarma.

Bajo la coordinación de los servicios de inspección de la Consejería de Sanidad, el objetivo de esta campaña, que se desarrollará a lo largo de todo este mes, será la inspección y, en su caso, sanción en materia de salud pública en un amplio espectro de centros y establecimientos, que irán desde piscinas a mataderos y empresas e industrias alimentarias —incluidos sectores minoristas, tales como bares, restaurantes, carnicerías, distribución y venta alimentaria—, incluyendo en la vigilancia a establecimientos sanitarios, como son las oficinas de farmacias.

En concreto, en la provincia de León se van a realizar 1.923 controles; en Ávila, 964 controles; 3.255 en Burgos; 147 en la provincia de Palencia; 1.115 en la de Salamanca; 543 en la de Segovia; 1.015 en Soria; 1.630 en Valladolid; y 1.103 en la provincia de Zamora, detallan desde la Consejería a través de un comunicado.

La Junta considera que esta actuación sanitaria es complementaria e independiente al plan anunciado la semana pasada en Consejo de Gobierno, cuya primera fase terminó el pasado 9 de agosto, y se ha hecho en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria y la Inspección del Ministerio de Trabajo.

El objeto de las visitas a los centros de trabajo por parte de los inspectores sanitarios desde el lunes es comprobar que las empresas y establecimientos de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, todas ellas traducidas en publicaciones oficiales en el Bocyl que han ido saliendo a goteo desde que se decretó el estado de alarma.

Entre las medidas más relevantes cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no resulta posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla también es obligatorio.

En los centros productivos debe garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas —ya sean clientes o trabajadores— y el fomento del teletrabajo.

El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes —como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia—, así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo, concluye el comunicado.