Una chincheta en el mapa del Daesh

Un recluso marroquí de la prisión de Villahierro forma parte de la nómina de 391 detenciones contabilizadas por el Ministerio de Interior en 216 intervenciones practicadas en 140 municipios para la lucha contra el terrorismo yihadista desde el año 2012.

El interno fue arrestado en la prisión a principios de febrero de 2019 en una operación conjunta con la cárcel de Madrid III (Valdemoro) en la que fueron interceptados el cabecilla de la trama y otros tres presos más. Había sido trasladado desde la penitenciaría madrileña en pleno desarrollo de la ‘Operación Kafig’. Actualmente se encuentra en reclusión preventiva a la espera de que la Audiencia Nacional celebre la vista oral, previsiblemente en el mes de octubre.

La red contaba con un líder que tenía una marcada influencia sobre el resto de integrantes, que le llamaban ‘jefe’, una influencia que se extendía igualmente al resto de reclusos. Por iniciativa suya, sus hombres de confianza amenazaban y agredían a aquellos que se alejaban del grupo y de la estricta práctica religiosa, extendiendo el control incluso una vez abandonaban el centro penitenciario.

Los arrestos de León se llevaron a cabo en la ‘Operación Escribano’, que investigaba el “frente de cárceles” que lideraban Mohamed Achraf y Jamal Zougam, dos líderes de los atentados del 11-M. Los detenidos  llegaron a proponer de forma directa la comisión de atentados a algunos reclusos. Para convencerles, les prometían importantes sumas de dinero. Les aseguraban que tenían un contacto en Daesh encargado de hacer llegar el dinero a sus familias como recompensa tras ejecutar las acciones terroristas.

Desde Arteixo a Rincón de la Victoria y desde Ontinyent a Mérida. Los adeptos a la causa del Dáesh se reparten por toda la geografía, como reflejan las 216 operaciones contra el terrorismo yihadista llevadas a cabo desde 2012 en 140 municipios de todas las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, con 8 operaciones y 10 detenidos. Solo Cantabria se ha librado.

Así se desprende de los datos recabados por el Ministerio del Interior, que cifran en 391 el número de arrestados desde 2012 hasta la actualidad.

Y han sido detenidos por la distintas fuerzas de seguridad en 216 operaciones explotadas en 140 localidades, de las que en un 24% (casi una de cada cuatro), es decir, 34, son de Cataluña, la comunidad que hace tres años sufrió el mayor atentado yihadista desde el 11M y del que mañana se cumplen tres años.

Del total de municipios catalanes en los que se habían radicado los presuntos terroristas, 19 corresponden a la provincia de Barcelona, desde la propia Ciudad Condal hasta Santa Coloma de Gramanet, Terrasa, Mataró o Argentona.

Mientras, en Girona y en Tarragona siete de sus municipios, en cada caso, han visto como los agentes de los cuerpos policiales se llevaban detenido a algún presunto terrorista.

Precisamente, ha sido en Cataluña donde se ha llevado a cabo la última operación antiyihadista. A mediados de julio, los Mossos d’Esquadra detuvieron en el barrio de la Barceloneta a dos hombres de 41 y 43 años, de nacionalidad argelina, acusados de integrar una célula que en 2019 planeaba un atentado.