El Procurador del Común acumula un aluvión de quejas por el inicio del curso
La institución espera una respuesta de Educación para resolver la actuación que abrió el día 5
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El Procurador del Común está tramitando una actuación de oficio, que inició el pasado 5 de agosto, con relación al comienzo del curso escolar ya que ha observado como necesarias la adopción de garantías «reales y efectivas» para un regreso seguro a los centros educativos frente a la pandemia. Una resolución que se encuentra a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación para adoptar una postura al respecto, informó la Defensoría autonómica en un comunicado.
En este sentido, el Procurador destaca como en los últimos días se están acumulado grupos de quejas presentadas por los ciudadanos con relación a esta cuestión. Las quejas se centran en pedir que la actividad educativa se inicie de forma no presencial, así como el aumento de profesorado para hacer frente a las necesidades que requerirá la actividad docente si los alumnos han de acudir a los centros educativos.
Las peticiones también recogen la implantación de la jornada continua con carácter generalizado para minimizar más los riesgos de contagio de la Covid-19, o bien, con un carácter más genérico, la concreción de medidas que realmente resulten efectivas para iniciar el curso en los centros educativos con las máximas garantías.
El Procurador recuerda los alarmantes rebrotes de la enfermedad, así como que los centros educativos son espacios cerrados en los que se concentrará un elevado número de personas durante un considerable número de horas, lo que obliga a poner la máxima atención en las medidas que deben ser adoptadas. «La Consejería de Educación cuenta con un protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros, no obstante, desde los distintos ámbitos escolares se está cuestionando las posibilidades de iniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todo tipo de incertidumbres en consideración al contenido del protocolo», explicó el Procurador.
Ante esta situación, aboga por la necesidad de que se dote a los centros educativos de profesorado de refuerzo y de personal de limpieza suficiente y disminuir las ratios de escolares en las aulas, comedores y transporte, aunque en este caso reconoce la dificultades de muchos centros para ampliar estos espacios.
Esto unido a la implicación de los profesores en tareas que no son las propiamente docentes, la seguridad de las personas especialmente vulnerables que convivan con los alumnos y la escasa madurez de los niños más pequeños en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias que han de ser adoptadas, «son motivo de una razonable preocupación», subraya. Por todo ello, pide a la Junta que revise todas las medidas dispuestas al efecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general.
La actuación de oficio del Procurador del Común, a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación de Castilla y León, así como de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendo revisadas por las administraciones implicadas en el proceso, concluirá con la correspondiente resolución.