UGT y CC OO denuncian que el teletrabajo sin regular esclaviza y limita la conciliación

No hay datos oficiales sobre el número de leoneses que trabajan desde sus casas como consecuencia de la pandemia, pero sí muchas quejas por los excesos cometidos por los empresarios, que «han encontrado la fórmula redonda para que el empleado haga más horas de las que le corresponden».

Así lo denuncian desde CC OO y UGT, que comparten las principales reivindicaciones respecto a la nueva ley que ultima el Gobierno y que excluirá a los asalariados que no desempeñen más del 20% de la jornada en remoto al menos durante tres meses.

«Falta una regulación clara y eso hace que surjan muchas dudas», reconoce Jualo Andrés Flórez, miembro de la ejecutiva provincial de Comisiones Obreras. «El teletrabajo se ha traducido en más horas y más gastos porque los empleados asumen el coste de la red wifi y de los materiales», critica.

La misma opinión vierte sobre este asunto Raúl Uca, el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo en la UGT de Castilla y León. «El teletrabajo no es conciliación porque no se puede atender a la familia o hacer otro tipo de cosas si siguen llegando correos electrónicos, o llamadas de teléfono», señala. Para él, ahí está el principal problema, que afecta, principalmente, a las mujeres, que, según explica, lejos de amortiguar las cargas con esta nueva fórmula laboral asumen muchas más tareas, tanto en los hogares como en el trabajo.

Uca reclama, como su colega de CC OO, una normativa que establezca los límites y clarifique, sin ambages, cómo debe desempeñarse el trabajo a distancia. De todas formas, el responsable del área en la UGT reconoce que la ley que prepara el Ejecutivo de Sánchez —debería estar lista en septiembre— no resolverá todos los problemas.

«Después habrá que ir a la negociación colectiva, centro a centro, porque no es lo mismo un administrativo que un comercial», aclara Uca, quien lamenta que el teletrabajo pillara a las empresas «en pañales».

En este sentido, Jualo Andrés pide a las administraciones un control más exhaustivo de las jornadas que realizan las personas que teletrabajan. «No lo están haciendo», lamenta el representante de Comisiones Obreras, que también rechaza esa analogía entre teletrabajo y conciliación. «Hay que eliminar esa confusión. Es otra forma de trabajar», justifica.

En sintonía con este argumento, Raúl Uca reclama a los empresarios que pongan en marcha plataformas digitales que registren los horarios de la plantilla, tal y como ya establece la ley, y que se garantice la desconexión digital para que se cierre el servidor», subraya.

Sobre esto, recuerda que el trabajo a distancia «es voluntario» y que no se puede imponer, «porque significaría una modificación de las condiciones de trabajo» y eso hay que pactarlo, matiza Uca.

También reclama que se mantengan, como marca la regulación, todos los derechos de los trabajadores, es decir, que tengan las «mismas oportunidades de promoción interna, de formación, de información... Todos los derechos son intocables», añade.

Cámara de Comercio

Mientras, desde la Cámara de Comercio de León consideran esta herramienta laboral «como un mecanismo que mejora la productividad, ayuda a la conciliación y apoya una economía sostenible mediante la reducción de las emisiones ligadas al transporte», tal y como se recoge en el informe, elaborado a nivel nacional, ‘Una iniciativa para la transformación digital’. Las cámaras de comercio piden a los responsables políticos que «revisen el marco laboral y la actual normativa de gestión del control horario y del derecho a la desconexión digital», aseguran.

«La transición digital debe ser inclusiva (que incorpore al conjunto de ciudadanos, empresas y sectores económicos); sostenible (social y financieramente); equilibrada (para los agentes tradicionales y los digitales); y, justa (para mitigar los riesgos y desajustes que a ella se asocian).La capilaridad de la red cameral, nos permite alcanzar al conjunto del tejido productivo, y la colaboración público privada, que está en nuestro ADN, nos sitúa como un instrumento idóneo para trabajar junto al Gobierno y la administraciones en la competitividad de nuestras empresas, la internacionalización necesaria de las mismas y la modernización de España», consideran.