Las okupaciones de viviendas se duplican en cinco años, pero no crecen con el covid

«Nos han fastidiado la vida. Y ni siquiera podemos denunciar la situación, porque el piso ya no es ni del banco que se lo quedó, ahora pertenece a un fondo de inversión que ni sabe que está okupado. Sólo vamos a juicio porque continuamente se enganchan ilegalmente a la luz, y por las amenazas a los vecinos.

Pero la situación se dilata en el tiempo, porque también saben de argucias y no acuden a las citaciones». Es el desesperado relato de la propietaria de un piso en un pequeño bloque de vecinos en el que los antiguos propietarios se quedaron con unas llaves que han ido pasando de mano en mano.

En los últimos once meses, los okupas son una familia a la que la compañía eléctrica ya cortó una vez el enganche ilegal de luz. «Lo que hicieron fue romper todo lo que habíamos puesto y engancharse de nuevo. Ahora somos los vecinos los que tenemos que pagar la avería».

La preocupación por la okupación de pisos, que parece haberse disparado en los últimos meses (aunque las cifras oficiales no respaldan el alarmismo), tiene muchos matices. Según los expertos, la gran mayoría de las viviendas a las que acceden los okupas son pisos propiedad de bancos o fondos de inversión, alrededor de un 90% de las usurpaciones que se producen; y sólo en un porcentaje mínimo afectan a los particulares, aunque son los que tienen más repercusión mediática. Menor es aún el porcentaje de okupas que resultan conflictivos; y los casos de viviendas habituales saltadas son muy excepcionales.

Esta misma semana el Ministerio del Interior ha adelantado un nuevo protocolo frente a los okupas, para agilizar el desalojo y evitar que los procesos judiciales se prolonguen. Interior reconoce que los delitos no se han incrementado «notablemente», pero sí existe la «percepción subjetiva de inseguridad» en este campo. A la que pretende dar respuesta la nueva norma.

Efecto de la pandemia

En el caso de la provincia de León el número de okupaciones ilegales de inmuebles han pasado de los 16 de 2015 a los 28 el año pasado, casi el doble en cinco años, según los datos del Ministerio del Interior. La falta de movilidad durante el confinamiento, que tanto preocupó a los propietarios de segundas viviendas, no ha provocado un repunte de los casos en León: entre enero y junio del año pasado las fuerzas del orden registraron 9 okupaciones ilegales, y en el primer semestre del ejercicio actual han sido 10 los casos denunciados.

A nivel nacional, según el Sistema Estadístico de Criminalidad, se usurparon 14.621 pisos, 2.407 más que el año anterior. Entre enero y junio de este año se denunciaron 7.450 casos.

Son los datos oficiales, pero la realidad es que no existe una estadística unificada y exacta de cuántos casos de ocupación se producen en realidad. También por la confusión que generan los distintos tipos de ocupación y sus consecuencias legales.

Administradores de fincas

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de León su presidente, Jesús Luque Borge (presidente también del colegio autonómico) explica que, salvo en los casos más conflictivos, el problema de los okupas es que son el resto de los vecinos quienes tienen que hacerse cargo de los gastos a mayores y desperfecto. «Además, las comunidades no pueden iniciar acciones legales, una medida que ya se está planteando en algunos foros. Se trata de agilizar la liberación de las viviendas, que en muchos casos son de bancos o fondos que se enteran de la ocupación por las comunidades de propietarios. Y no siempre tienen voluntad de actuar».

Luque llama la atención también sobre el desinterés de los grandes bancos y los fondos en algunos casos, mientras «en otros están muy pendientes de poner medidas suficientes como para que los okupas no accedan. Eso ha ocurrido en algunos bloques de viviendas de lujo en la capital», en los que se han instalado puertas antiocupación, por ejemplo.

«Al final, concluye, las víctimas no son sólo los propietarios de las viviendas okupadas, sino el resto de los vecinos, que no sólo viven en la preocupación y el temor sino que tienen que hacer frente a los gastos que se originan por los desperfectos».

Ante el creciente problema de la okupación, que se incrementó sobre todo durante la anterior crisis económica, en julio de 2018 entró en vigor la norma que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil, la conocida como ‘Ley del desahucio exprés’ Sin embargo, algunos expertos advierten de que el problema de esta reglamentación es que no permite beneficiarse a los bancos y fondos de inversión, ni a los grandes tenedores de viviendas sin uso.

En cualquier caso, desde las instancias judiciales señalan que no hay datos que respalden que el fenómeno de la okupación se esté disparando, y que la legislación actual ofrece suficientes instrumentos para poder actuar contra quienes entran en los inmuebles sin permiso. E insisten en que son muy raros los casos en los que se ocupan casas habitadas, porque los mismos okupas buscan ya viviendas de bancos y fondos, que les dan menos problemas y tienen efectos penales más reducidos.

También es cierto que en los últimos años ha cambiado el perfil del okupa, que antes, y sobre todo durante la Gran Recesión, era sobre todo el de familias en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En los últimos años la okupación está en buena parte en manos de mafias profesionales, que hacen de la usurpación de pisos un negocio, ya que luego los venden o alquilan.

Los bloques de nueva construcción deshabitados son una de sus prioridades.