Jueces y fiscales advierten a Justicia de que será imposible cumplir el ‘plan anti atasco’

Magistrados, jueces y fiscales consideran que los planes del Gobierno para superar el tapón generado por el parón del confinamiento en la justicia no funcionarán y entienden que se sumará al atasco que ya soportaban la Audiencia Provincial y los siete partidos judiciales de la provincia, derivado de la necesidad de dotar de más medios al funcionamiento del servicio, afectado por diferentes males arrastrados.

Las asociaciones de jueces y fiscales trasladaron al Ministerio de Justicia que el plan de choque ideado por el departamento del ministro Juan Carlos Campo para la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus presenta problemas como la «imposibilidad material» para lograr los objetivos previstos por falta de salas de vista, por la ralentización de los juicios por los protocolos sanitarios o por las deficiencias en los sistemas digitales que dificultan los actos vía telemática.

«Cualquier plan que se diseñe para superar una determinada problemática, como es en este caso la que la que la crisis sanitaria ha generado en justicia, tiene que tener, necesariamente, como punto de partida la situación real existente y creo que el plan elaborado no la tiene en cuenta», remarca el decano de los jueces de León, José Enrique García Presa.

«Cualquier solución que pueda adoptarse, por muy bienintencionada que pueda ser, no será solución y sí un mero parche. Por ejemplo, los planes de autorrefuerzo, tal y como las distintas asociaciones se hacen eco, fijan objetivos seguramente inasumibles y en general, el plan de choque no subsana el mal endémico existente, que no es otro que la falta de jueces y de juzgados. Cualquier medida en las circunstancias actuales debe de tener en cuenta la situación actual, muy alejada de la que es lo habitual y normal, donde la restricción de espacios, la limitación en la afluencia a las sedes judiciales y en combinación con estos factores y precisamente por ellos, la reducción en el número de señalamientos, hacen ver que la solución pasa, inexorablemente, por el aumento de jueces y de unidades judiciales, medida esta que el plan no contempla de una manera decidida», apunta el decano.

PLANTEAMIENTO INVIABLE

«Estamos ante un planteamiento irreal e inviable, con grandes dificultades para su cumplimiento, sin entrar a valorar las deficiencias que un día si y otro también se plantean en la celebración de las vistas por vía telemática, aspecto este muy a tener en cuenta».

JURISDICCIÓN SOCIAL

El decano aprecia que en la jurisdicción social «el plan contempla dos fases, una primera que llegaría hasta el 31 de diciembre de 2020, en la que se pretende que aumenten su capacidad resolutoria, bien mediante un autorrefuerzo soportado por el mismo juzgado, bien mediante refuerzo externo, en ambos casos para llegar a unos objetivos determinados. Con esta medida se aumenta considerablemente la carga de trabajo, sin garantía de compensación económica si no se llega a los objetivos fijados. Y ello ha de compatibilizarse con un aumento de plantilla inexistente y con la adopción de las necesarias medidas sanitarias».

PLAN VICIADO

«Es un plan viciado que no tiene en cuenta la saturación ya existente en esta jurisdicción y para cuya solución es necesaria la creación de más de cien juzgados de lo Social, que en 2019 ingresaron casi 100.000 asuntos más que los correspondientes a la carga de trabajo fijada, con lo que el plan no soluciona el verdadero problema que es el indicado, la falta de juzgados, no siendo de recibo que la solución pase por sobrecargar aún más los ya de por sí saturados Juzgados. En suma, debe de afrontarse de una manera decidida el déficit estructural de la Administración de Justicia, aumentando de una vez por todas la planta judicial y dotando de medios materiales y tecnológicos adecuados. Además, el plan se centra en determinadas jurisdicciones, obviando que hay otros muchos órganos con una gran carga de trabajo que se han visto afectados por la crisis sanitaria».

El próximo lunes 19 de octubre se llevará a cabo una reunión de jueces con Justicia para abordar los planes de choque en el orden social y mercantil. El 20 de octubre, jueces y fiscales se reunirán con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; el martes 27 de octubre habrá reunión del grupo de trabajo sobre Ley de Discapacidad; y ya en noviembre se dará una reunión de seguimiento.