La ULE recurre a la tarifa plana de la abogacía del Estado por 46 juicios al año

La Universidad de León recurre a los abogados del Estado para complementar su propio servicio jurídico y hacer frente a medio centenar de juicios anuales. El convenio firmado entre la institución académica y la Administración General del Estado tiene una duración de dos años y un coste anual de 20.000 euros, independientemente del número de pleitos a los que tengan que enfrentarse. Desde el Estado se ofrece este servicio a sus propios organismos, además de, mediante la firma de un convenio, a otras entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, como es el caso de la Universidad.

El acuerdo entre la institución universitaria y el Estado para aprovechar los recursos jurídicos acaba de ser renovado tras los «buenos resultados» de una primera iniciativa, como señalan fuentes universitarias. Los letrados estatales han representado a la Universidad de León en 46 procedimientos, de los que 41 fueron de primera instancia y cinco más recursos ante el Tribunal Superior de Justicia.

Más de la mitad de los litigios, el 60%, son del Contencioso Administrativo, y el porcentaje total lo completan los de Social. Desde la institución académica precisan que «la amplia mayoría» de los juicios en los que han sido representados por la Abogacía del Estado «se han ganado», aunque especifican que gran parte de los juicios de este año 2020 están pendientes aún de celebración, mientras que sólo faltan cuatro sentencias de los que se llevaron a cabo el año pasado.

«La firma de este convenio no solo fue necesaria por el volumen de casos, sino que nos ha permitido afrontar con muy buenos resultados estos procesos», precisan fuentes universitarias, en relación a que en los últimos años, al igual que en otros sectores, el nivel de pleitos ha aumentado considerablemente. La Universidad de León cuenta con asesores jurídicos propios que se encargan de dictámenes, informes y otros asesoramientos, superando con creces más del centenar de consultas.

Efectividad

Para dar «mayor efectividad» al acuerdo entre ambas partes, y mejorar la «coordinación de la asistencia jurídica» a la Universidad de León, ésta cuenta con uno o más abogados del Estado en activo que actúan como coordinadores directos de la asistencia jurídica. Además, en el convenio se especifica que esta asistencia no supondrá relación laboral entre la institución académica y los letrados que desempeñen su trabajo.

El convenio entre la institución académica y la Abogacía del Estado tiene una vigencia de dos años, aunque podrá ser prorrogado otros dos cursos más y aclara que cuando la Universidad de León sea condenada a pagar las costas de un juicio deberá correr con estos gastos, de igual manera que cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de la institución académica.