Adif demanda al Ayuntamiento para que le pague los 1,4 M€ de la prolongación de Ordoño

Después de años de disputas en los despachos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha decidido al final tirar por la calle del medio. La prolongación de la avenida Ordoño II lleva al Ayuntamiento de León a los juzgados para responder a la demanda presentada por el ente dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El pleito, registrado ante el contencioso administrativo, persigue que el consistorio abone los 1.378.579,19 euros que costó construir el vial que se abrió el 19 de abril de 2011, en paralelo a la eliminación del paso a nivel del Crucero y como parte de la integración ferroviaria que al final se ha quedado en soterramiento. No coincide con esta tesis la administración municipal, que defiende ante la justicia que se trata de una obra encuadrada dentro de los trabajos de permeabilidad ferroviaria y acceso a la estación concebida como provisional pero convertida en definitiva.

La entrada en la sede judicial resolverá un enredo que se sucede desde que, después de la apertura del vial por parte del Gobierno socialista, el nuevo equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de León decidió promover en diciembre de 2012 la liquidación de la sociedad León Alta Velocidad 2003. A la propuesta se sumaron con entusiasmo el Adif y la Junta, mientras mantenían una herramienta de gestión de la integración ferroviaria idéntica en Valladolid, pero el fleco de la prolongación de Ordoño II ha impedido hasta ahora completar la disolución del ente en el que se cuentan, además de León, el Estado y la administración autonómica, el consistorio de San Andrés.

Tanto el ayuntamiento del alfoz como la Junta decidieron abstenerse en la última junta general de accionistas. El peso del Adif sirvió para demandar a León tras haber intentado con anterioridad que, mediante el arbitraje de la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento que pague los 1,4 millones de euros de la factura de construcción del vial que pagó ya en su día la sociedad de gestión.

Frente a las pretensiones del ente encuadrado en el Grupo Fomento, el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de León se mantiene en la misma postura que mostraron ya sus predecesores del PP. Al pie de la letra del criterio marcado por los técnicos municipales, el consistorio insiste en que no contrajo obligación alguna con la construcción del vial. En su argumentación, los profesionales leoneses se acogen a que, en el acuerdo de resolución de la sociedad, adoptado el 4 de diciembre de 2012, se apuntó que «la liquidación del pasivo restante, una vez deducido el importe de la obra ferroviaria, se asumiría por la Junta en un 50% de las deudas, Renfe Operadora en un 12,5% y el Adif en un 37,5%».

Aunque, más allá de la tesis procedimental, el Ayuntamiento incide en que se trata de una infraestructura construida dentro de la integración para dar «permeabilidad» a las dos zonas separadas de manera histórica por la vía, pero además con una función de dar servicio a las dependencias ferroviarias. En los cálculos se cita que 6.100 metros cuadrados del vial, que se corresponden con los que cubren desde la estación provisional hasta superar casi en su totalidad la rotonda, se encuentran dentro de terrenos de titularidad de Adif. Este suelo, cuya superficie tiene concepción de calle pública pero que en subsuelo mantendrá el dominio ferroviario para el paso de los trenes, ni siquiera ha sido recibidos por parte del consistorio por ahora. Tampoco se ha incorporado el tramo que va desde la glorieta de enlace hasta la desembocadura en la avenida Doctor Fleming: una calle que ahora el ente estatal quiere que pague León.