Una caravana de 300 turismos rechaza la Ley Celaá por coartar la libertad educativa

Bajo un ensordecedor estruendo de cláxones, los 300 vehículos que participaron ayer en la caravana contra de la Ley educativa Celaá quisieron visibilizar su rechazo a la nueva normativa con sonoros pitidos y un desfile por el centro urbano. Los conductores, profesores acompañados de sus familias, exigieron desde las ventanillas de sus turismos la paralización de la ley por considerar que no promueve ni potencia la equidad, la libertad y la igualdad en la educación.

Más plurales impulsó una convocatoria que congregó a medio millar de personas en esos automóviles «para proclamar nuestro no frontal a la nueva ley de educación», explicó el presidente de Escuelas Católicas de León, Ricardo González. Según matizó, quieren «promover que no sólo exista la educación pública, puesto que de ésta no estamos en contra, pero queremos la concertada y la especial, donde cursan sus estudios 16.000 alumnos».

Además, diferentes cargos del Partido Popular, afiliados y simpatizantes se sumaron a la protesta en defensa de un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor y contra una ley que ha supuesto «un terremoto colectivo», opinan. «Los padres deben tener libertad para elegir el centro educativo de sus hijos», indicaron. A su juicio, la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) impulsada por el Gobierno PSOE-Podemos «cosecha una amplia oposición entre los padres, los docentes y los propios centros». Creen que es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo español, clave en una sociedad democrática», remarcaron.

El PP de León entiende que la reforma conduce «hacia el dominio del Estado, dotando a las administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos». La Lomloe «reduce la elección educativa de los padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inventa un derecho a la educación pública (cuando el derecho reconocido en la Constitución es a la educación); la enfrenta al modelo de educación concertada ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos», valoran.

También acudieron representantes de Vox. El diputado Pablo Calvo Liste coincidió en que la Ley «arrincona» a las escuelas de educación especial y concertadas «para adoctrinar a los niños con leyes como la de género o memoria histórica, además de proscribir al español como lengua materna. Por eso interpondrán un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba en el Senado, exigen el cheque escolar y el pin parental.