Un frente común propone mover el corredor de la A-60 para que no arrastre más ruina al sur leonés

Hay alcaldes dispuestos a revocar la condena que el trazado de la A-60 supone para sus municipios; el sur de León vuelve a tramitar su exigencia para cambiar la traza de la autovía, en el tramo inmediato a Santas Martas, por el efecto gravoso que supone para el desarrollo actual del territorio, y la hipoteca a futuro para nuevas oportunidades de negocio que puedan acarrear los tiempos.

León contra la autovía por la margen izquierda de la N-601 reúne fuerza administrativa contra un proyecto que dormía en los cajones del Ministerio de Fomento (de Transportes, desde hace casi un año) y ahora se refresca con la probabilidad de sacar adelante la estructura, con motivo del reinicio de los trámites del impacto ambiental, que vuelve a fluir.

León no quiere que la autovía se lance sobre el terreno reservado, donde iban a crecer los regadíos sobre tierras de reemplazo, en una transformación con la que engatusan los sucesivos a las localidades del entorno desde hace treinta años.

Media docena de Ayuntamientos leoneses han vuelto sobre la tarea, una vez que los trámites para hacer la autovía realidad han despertado de una larga siesta.

La opción que propugna este frente es que la próxima extensión del vial cruce la nacional, a la orilla oeste, y se lance hacia los Oteros por la traza paralela a la que lleva hasta ahora; lo haría tras describir una curva pronunciada y abierta hasta superar la localidad de Matallana de Valmadrigal, y luego, progresivamente, retornar a la línea recta que impulsa en el tramo en servicio que deja la autovía morir en un enlace de circunstancias con la carretera nacional.

Salvar el regadío

Hay una causa general en las alegaciones que mueven a los municipios del sur leonés a pelear contra lo que entienden como un capricho de lanzar la autovía por el flanco este, a la margen izquierda de la carretera Nacional Adanero-Gijón; comprende poner a salvo el espacio reservado al regadío, que iba a quedar arrasado por la estructura y aristas de hormigón, y las plataformas de aglomerado que habrán de acompañar la extensión de la autovía hacia esa conexión proyectada con la capital castellana.

Causa común para los afectados de este frente de resistencia que revive al tiempo que los plazos de información vuelven a poner el reloj a cero es el enlace del futuro tramo de la autovía con la carretera LE-521, que sirve de nexo entre estas localidades de la zona de Campos y Oteros con Valencia de Don Juan, y a la vez de arteria estratégica para acercar la localidad coyantina y su afamado polígono industrial a esta vía de gran capacidad.

Ladeada al oeste, la conexión sería más fluida, sobre ese vertebrador que es el vial provincial en esta comarca, aunque carezca de ninguna preponderancia en los informes técnicos que maneja y valora el Ministerio de Transportes.

General puede admitirse la interpretación de la causa que interponen los municipios afectado contra el muro de la zona ZEPA que ya ha lastrado algunas intervenciones en este área y se eleva como una limitación inaccesible para las localidades.

Separados y perjudicados

Y hay una referencia de calado particular que afecta especialmente al municipio de Santa Cristina, que se vería perjudicada de forma especial si el Ministerio de Transportes mantiene en esta nueva acometida con la autovía la idea de llevar más allá de Santas Martas la A-60 por ese cauce del este de la nacional. 

Las dos localidades que integran el término municipal quedarían separadas por el amplio pasillo de la nueva estructura, que haría añicos la distancia de un kilómetro ahora asequible para peatones y para vehículos.

El avance de la autovía lo haría entre terraplenes y una brecha orográfica que separaría para siempre en dos mitades el término municipal, cada cual a una de las orillas de esa A-60 que está aún por llegar.

Los alcaldes de los municipios afectados por este corte acaban de poner en conocimiento de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León este trance, con el fin de lograr el apoyo de la administración autonómica a favor de intereses económicos y sociales de la provincia leonesa.

La consejería de Medio Ambiente es parte implicada en este proceso, por las competencias que asume en esta materia que dicta sobre las normas y los efectos ambientales, ineludibles en el avance de una autovía que lleva casi un centenar de metros de frente.

Los planteamientos de los municipios leoneses también reservan soluciones para la continuidad del la autovía, una vez que se complete el ideal trasiego hacia el oeste de Matallana; por donde la zona ZEPA que protege el área de cría y el hábitat de los sisones se retranquea unos metros, se propone que la autovía regrese a un curso paralelo a la N-601, y así continúe en sentido hacia el entronque con el otro extremo en servicio.

Las reivindicaciones leonesas vuelven al punto de partida con la A-60; al lugar de refriega administrativa en el que se mantuvieron hace doce años, cuando el avance de la autovía amenazaba con desenvolverse de golpe; en esa época se enfriaron, cuando la crisis apagó cualquier rescoldo de euforia que había definido al primer gobierno del socialista Zapatero en materia de infraestructuras.

La A-60 no levanta demasiada emoción por los territorios que atraviesa; y carece también de ese espíritu reivindicativo a nivel social que ha prendido en la demanda de otras infraestructuras en la provincia leonesa; al punto que solo la insistencia de algunos políticos recuerda de forma estacional (en vísperas de elaboración de presupuestos y ante visitas ministeriales) que la estructura tiene pendiente el desarrollo central del trazado.

En una de estas recomposiciones, saltó a la palestra la revisión del impacto ambiental, que había caducado tras dos décadas desde que recibió el visado. Ese movimiento reactivó la defensa de los pueblos leoneses contra un trazado que ven perjudicial. Alegaciones en cadena, con el propósito de evitar que la A-60 termine por llevarse más de lo que aporta a León.