Dos demandas por la vía penal y administrativa

El PSOE presentó el pasado fin de semana dos demandas por el caso Caja España, por las vías penal y administrativa. Este partido, que presenta una de las seis candidaturas a representantes de los impositores en la asamblea general que se presentan a las elecciones, entiende que la filtración de datos confidenciales de los impositores con derecho a voto puede vulnerar la ley nacional de Protección de Datos. El partido socialista había anunciado su intención de presentar las denuncias por la vía judicial en el caso de que la Comisión Electoral de Caja España no anulase el proceso de las elecciones; y las hizo efectivas el sábado después de que el viernes la Comisión decidiera investigar, pero a la vez seguir adelante con el calendario electoral. El origen de las demandas está en la denuncia por parte de la sección sindical de UGT en Caja España de la existencia de unos disquetes con información confidencial e ilícita de los impositores que han sido designados por sorteo para elegir a sus representantes en la asamblea general (51 consejeros de un total de 160). UGT puso en conocimiento la existencia de estos documentos al haberlos recibido misteriosamente, y ante el temor de que pudieran ser una trampa para implicar al sindicato (que respalda a una de las candidaturas) en un tema fraudulento, según explicó entonces Carlos Alonso, citado ahora como testigo. Alonso señaló también al PP como principal usuario de la información fraudulenta.