Los acusados de explotar a extranjeros dicen que sólo trataron de ayudarles

Eugenio V.V. y su ex esposa Dolores G.C. se sentaron ayer en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León acusados de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores penados con tres años de cárcel cada uno. Según la fiscal del caso, la pareja había cursado cartas de invitación en el verano de 1999 para que varios súbditos colombianos pudieran entrar en España bajo promesa de un contrato laboral en obras de construcción de León, alta en la Seguridad Social, un salario de 200.000 pesetas, vivienda y manutención. Sin embargo, la fiscal señala que se incumplió la promesa de gestionar su residencia en España para trabajar legalmente, a pesar de haberles solicitado en Barajas entre 1.000 y 1.200 dólares para hacer frente a esos gastos. Tampoco les pagaron lo pactado y las jornadas laborales se prolongaban durante 12 horas. Los acusados negaron haber explotado o engañado a los extranjeros, de los que dijeron que no eran trabajadores muy diligentes. Versión que corroboró un cliente que había contratado la reforma de su vivienda en Ribaseca. También indicaron que ninguno trabajó más de mes y medio antes de interponer la denuncia contra ellos por explotadores y que, previamente, habían acudido a una asesoría laboral. El asesor reconoció que los súbditos colombianos le preguntaron por sus derechos y si podían trabajar sin visado. Les contestó que sin papeles no estaban en situación legal. Por otra parte, Dolores G. y Eugenio V. aseguraron que fundaron la compañía Construcciones J.J., tras la llegada de los primeros colombianos dispuestos a trabajar, «para ayudar a esas personas, que decían que, aunque no tenían los papeles, necesitaban enviar dinero a sus familias en Colombia». «Me dio pena», justificó Dolores G. La imputada incluso reconoció ante el juez que Néstor R.B., José O.V., Gustavo A.C. y María Inés M.U. no se habían portado bien con ella al denunciarla, a pesar de haberles alojado en su propia vivienda de Pendón de Baeza cuando llegaron a León. Los denunciantes se contradijeron respecto al salario que percibieron -entre 500.000 y 110.000 pesetas, según extractos bancarios-. Sólo algunos habían entregado los 1.000 dólares a su llegada a Madrid, no supieron explicar si les quitaban del salario el dinero por la vivienda y la manutención o era gratis, ni si fueron ellos mismos los que contactaron telefónicamente con Eugenio V.V. para venir a trabajar a León o fue el acusado quien les animó.