Cuatro patrullas llevan al juez a los acusados del homicidio de la Vega

Tras la reyerta que causó la muerte a Gabriel Vargas el pasado mes de abril, la comunidad gitana vivió momentos de fuerte tensión que obligaron a los patriarcas a intervenir y solicitar a sesenta familias de la rama de los supuestos agresores a abandonar la ciudad para evitar nuevos derramamientos de sangre. Por eso, el juez, los abogados y la policía temían complicaciones en la comparecencia en el juzgado de dos supuestos implicados en el apuñalamiento de Vargas. La vigilancia se redobló y José Antonio Borja y Jesús Miguel Torres fueron escoltados por cuatro patrullas del Cuerpo Nacional de Policía al tribunal de Instrucción número 3 de León. Ambos conocieron ayer las acusaciones que pesan sobre ellos. El fiscal imputa a Borja un delito de homicidio (penado con tres a nueve años de cárcel) por considerarle el autor material de la puñalada que recibió Vargas supuestamente por la espalda, a la altura del vientre. El joven está en prisión provisional desde abril, después de haber sido detenido por la Policía Local cerca de Las Graveras (el poblado gitano situado detrás del Hispánico). El acusador estatal no considera a priori responsable a Torres, salvo que en la investigación del caso se demuestre lo contrario. El abogado de la familia del fallecido califica los hechos, sin embargo, de asesinato (penado con hasta 15 años de prisión), mientras la defensa solicita el sobreseimiento de la causa contra Torres y señala varios atenuantes en la responsabilidad penal de Borja. La comparecencia, prevista en el artículo 25 de la Ley del Jurado, para concretar las acusaciones se desarrolló con normalidad y hasta el juzgado no se desplazaron miembros de la comunidad gitana. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial con Jurado Popular cuando finalice la instrucción.