La Junta incumple desde el 2001 las garantías jurídicas de los menores

El Juzgado de menores inició el año pasado 918 diligencias, lo que dio lugar a una media de tras casos diarios. El aumento de los pequeños delitos cometidos a edades muy tempranas motivó la incoación de 257 expedientes de reforma -serían condenas si sus autores tuviesen más de 18 años-, un 66% más que el año anterior, cuando fueron expedientados 155 jóvenes. La Fiscalía de León considera esta circunstancia una «cosa lógica» derivada de la aplicación de la nueva ley que regula la responsabilidad penal de los menores. Las estadísticas reflejan que de los 918 casos tramitados el año pasado, un total de 278 fueron archivados por los propios fiscales, que es el órgano que se encarga de hacer la criba de lo que es constitutivo de infracción y, por lo tanto, objeto de expediente, o de lo que no merece la condenar a tenor de las circunstancias personales o del hecho. Por estas mismas razones, en 21 diligencias preliminares se desistió en la incoación del caso en cuestión. Los datos que dibujan la radiografía de la delincuencia juvenil en León también hacen mención a que de los 257 expedientes de reforma tramitados, sólo se procedió a la inhibición de uno de los 53 que solicitaron el sobreseimiento. Con los restantes expedientes se formularon escritos de alegaciones en 66 casos, que dieron lugar a 77 audiencias celebradas y a once suspendidas por diversas causas, frente a las tres audiencias del año anterior. Fueron dictadas 62 sentencias, de las que 24 lo fueron con la conformidad del menor, 30 por condena judicial y ocho absolutorias, «lo que demuestra la buena instrucción llevada por la Fiscalía en las causas de menores y lo fundamentado de sus escritos de alegaciones», indica la memoria del fiscal jefe de León correspondiente al año 2001. A consecuencia de la sentencias mencionadas, fueron impuestas las siguientes medidas: dos órdenes de internamiento en régimen abierto y una en régimen semiabierto; una de permanencia de fin de semana; 15 de libertad vigilada; trece de prestaciones en beneficio de la comunidad; una privación de permiso o licencia y 21 amonestaciones. La novedad a este respecto es que el año pasado se presentaron cinco recursos de apelación contra estas sentencias, mientras que en el 2000 no se había registrado ninguno. A consecuencia de los nuevos postulados de la Ley del Menor, la Fiscalía formuló 21 demandas derivadas de la responsabilidad civil del joven, de las que sólo tres han sido estimadas y una desestimada; el resto aún se encuentra en trámite. La falta de medios en este campo, para el que han tenido que ser desviados dos fiscales, es especialmente llamativa en el caso de la Junta de Castilla y León, que no ha puesto en marcha ninguna de las medidas correctoras que le corresponden, sobre todo en la disposición de inmuebles para garantizar el cumplimiento de la Ley.