El proceso judicial por las irregularidades sigue su curso

Mientras Caja España da por cerrada la polémica sobre el proceso de renovación electoral que culminó el mes pasado, el Juzgado de Instrucción Número 4 de León sigue el caso tras las demandas presentadas por el consejero socialista de la entidad Zenón Jiménez Ridruejo. El PSOE presentó a principios de junio dos denuncias por la filtración de datos confidenciales sobre los impositores y su presunta utilización por parte de las candidaturas presentadas. Las demandas fueron una por la vía penal y otra por la administrativa, ya que los representantes socialistas entienden que la filtración de datos confidenciales volnera la ley nacional de Protección de Datos. El Juzgado ordenó incoar diligencias previsas por la denuncia el día 12 de junio, al considerar que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». En sus razonamientos jurídicos las diligencias previas del Juzgado señalan que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos que se denuncian ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable». El Juzgado solicitó también en su día a la Comisión de Investigación creada en Caja España el envío de las «conclusiones y los resultados» de la investigación; y tomó declaración al representante de UGT Carlos Alonso, quien denunció la existencia del disquete, y al portavoz de la UPL, José María Rodríguez de Francisco.