Derecha populista en Francia

La derecha francesa, que ha conseguido en las recientes elecciones presidenciales y legislativas el mayor éxito que pudiera esperar, empañado apenas por el efímero aunque desolador aviso de la extrema derecha de Le Pen, ha aprobado a primeros de agosto unas disposiciones sumamente polémicas, incluidas en la llamada «ley Perben», por el nombre del nuevo ministro de Justicia, Dominique Perben. Insinuadas en el programa electoral del chiraquismo, estas iniciativas del gobierno del primer ministro Raffarin, el que prometió gobernar «a ras de suelo», en consonancia con las inquietudes reales del pueblo llano se han presentado como una respuesta a las preocupaciones de los franceses «más humildes» y «más frágiles», pero la estruendosa respuesta que han recibido se ha basado en sólidos argumentos que parecen demostrar todo lo contrario. Las medidas más controvertidas, aprobadas por procedimiento de urgencia, son tres: Una, los estudiantes de 13 años o más -ésta es ahora la mayoría de edad penal, los que insulten a un profesor podrán ser condenados a seis meses de reclusión en centros especiales, como si hubieran cometido desacato contra un miembro de las fuerzas de Seguridad. Dos, los padres que tengan un hijo en uno de estos centros especiales para delincuentes se verán privados de la parte correspondiente del subsidio familiar que perciban. Tres, se admitirá el anonimato de los testigos en los juicios en que la pena sea igual o superior a tres años de prisión, es decir, en la inmensa mayoría de los procesos (hasta ahora, tal posibilidad estaba pensada para combatir el crimen organizado). Las respuestas a tales medidas han sido de una contundencia clarificadora: todos los sindicatos de estudiantes, salvo el minoritario Sindicato Nacional de Liceos y Colegios (SNLC), rechazan la «inflexibilidad» con los jóvenes y temen, con razón, que los profesores sean equiparados a los policías en el imaginario adolescente. La Liga Francesa de los Derechos del Hombre ve en estas ''novedades'' «una política de penalización y de guerra a los pobres». El Sindicato de la Magistratura denuncia «una ley terriblemente penalizadora» para «los menores y los habitantes de los barrios pobres». La reforma ni siquiera ha recogido la unanimidad de la derecha: François Bayrou, líder de la UDF, ha discrepado sonoramente de la mayoría presidencial. El director de «Le Monde», Colombani, en un contundente artículo titulado «Regresiones», invocaba a Roland Barthes para desautorizar las apelaciones al «sentido común» que ha hecho Raffarin para justificar sus propuestas; Barthes, en «Mitologías», explica luminosamente que «el fundamento de la constatación burguesa es el sentido común, esto es, una verdad que acaba en el orden arbitrario del que la pronuncia». Pretender resolver el problema planteado por la inadaptación de los jóvenes, sobre todo de los procedentes de barrios suburbiales con fuerte incidencia del desempleo y de la inmigración ilegal, criminalizando a los padres y considerando delincuente adulto al niño transgresor es sencillamente inmoral. Puede entenderse que la mediocridad generalizada de la clase política europea genere reacciones primarias como éstas, pero de ningún modo es concebible que los grandes líderes admitan semejantes derivas ideológicas, de un cierto sabor arqueológico: se ha recordado el parecido de estas medidas con la fórmula Gambetta, que en el XIX consistía en culpar a los padres de las dificultades de socialización de una parte de la juventud. En 1853, en tiempos del Segundo Imperio en la que amenazaba con sanciones a los padres que dejasen a sus niños «correr y reunirse en la vía pública».