Los desastres de la inmigración

EL escándalo se suscitó hace meses cuando se supo que el Ayuntamiento de Las Palmas había pagado el viaje a 200 inmigrantes que se desplazaron a Madrid, pero sólo ahora se ha sabido que esta práctica es habitual y fomentada por el Gobierno sin que se haya producido desmentido oficial alguno ni reacción política significativa: el problema suscitado en Canarias por la sobresaturación de inmigrantes ilegales, muchos de ellos subsaharianos, se resuelve por el procedimiento de embarcar a estas personas en aviones que parten hacia diferentes destinos peninsulares. Obviamente, sólo son trasladados de este modo irregular y alegal aquellos individuos que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque estos no los aceptan. Y, casi siempre, después de que hayan permanecido en los centros de internamiento el máximo tiempo autorizado por la norma: 40 días. Estos trasvases se hacen subrepticiamente y sin alarde, en aviones nocturnos, como si se quisiera que pasasen inadvertidos, pero tampoco se desmienten o se niegan. Es notorio que los responsables de la política de inmigración no saben qué hacer con estas personas, cada vez más numerosas, que no tienen adónde ir. Pero no acaba aquí la sinrazón: además de no hacerse nada ante la acumulación creciente de inmigrantes ilegales se permite con la misma pasividad que éstos celebren ruidosos ''encierros'' para reclamar soluciones legalmente imposibles a su problema. Es fácil de entender la desesperación de los infortunados que, además de padecer su irremisible desvalimiento, presienten que han caído en las inextricables redes burocráticas de un país en muchos aspectos kafkiano. Pero resulta evidente que la autoridad democrática debe huir casi por instinto de la paradoja: no es lógico que se permita exigir lo que no puede concederse, ni es por tanto razonable no desalentar las peticiones vedadas por la ley. De nuevo son patentes estos días los síntomas de gran embarazo de las administraciones al no saber qué hacer con los 270 inmigrantes encerrados dos meses en la sevillana universidad Pablo de Olavide; como son en su mayoría argelinos, no hay duda de que en cuestión de horas volverán a vagar por las calles de cualquier ciudad, sin documentación, sin trabajo y sin más medios de subsistencia que los que les proporcionen las ONGs. Una democracia moderna no puede resignarse a mantener (y mucho menos a fomentar) sectores sociales desasistidos a quienes ni siquiera se concede verdadera personalidad jurídica, ámbitos de alegalidad en los que tienen que moverse seres humanos que ''casi'' ni existen, que no son incluidos en las estadísticas, que no disfrutan ni siquiera de los derechos inherentes a su condición de personas, que no son autorizados a trabajar pero que serán detenidos si se atreven a delinquir... Algo muy serio falla en nuestra política de inmigración, y nadie parece disponer de soluciones. Quizá convenga promover un gran debate antes de que cualquier estallido nos confirme que ya es tarde.