Sanidad, educación y empleo público suman un alud de quejas ante el Común

La atención en los consultorios médicos, la falta de material y la atención presencial son la causa de la mayor parte de las quejas de leoneses gestionadas el año pasado por el Procurador del Común, institución a la que llegaron un total de 1.760 reclamaciones a lo largo del ejercicio.

Como consecuencia de los problemas que derivó la atención sanitaria en un año de pandemia, en León se presentaron 711 expedientes relacionados con sanidad y consumo (40%), si bien el coronavirus ha obligado a realizar un conteo aparte de los casos vinculados al covid.

En el conjunto de Castilla y León, uno de cada cuatro quejas fueron provocadas por situaciones derivadas de la pandemia: 1.771 de las 6.341 tramitadas en la Comunidad.

El segundo bloque que más reclamaciones motivó en la provincia fue la educación: 464, que representan el 26% del total.

En este apartado las demandas de los usuarios abarcan temas muy dispares, si bien la institución subraya que el pasado año aumentaron notablemente las quejas que, tratándose de una única reclamación, fueron presentadas por varios firmantes.

Esta situación, que se extiende a todas las áreas, fue especialmente intensa en la evaluación sanitaria, la educativa y la del empleo público, tercer grupo por el que más expedientes recibió esta institución. Hubo 190 quejas, que tienen un peso del 11% sobre el total de casos registrados en la institución que gestiona Tomás Quintana.

Las actuaciones ejecutadas o no por las administraciones locales —principalmente se trata de quejas que afectan a la pequeña gestión municipal— sumaron 117 demandas ante el Común.

Muy cerca en número están los casos con los que los usuarios no estuvieron de acuerdo en asuntos tratados por los departamentos de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud: 104, que son el 6% del total.

El resto de áreas en las que la institución divide su estadística anual recoge demandas minoritarias que hacen mención a temas de Fomento (38 quejas), Medio Ambiente (33), Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones (33), Hacienda (24), Interior y Movimientos Migratorios (23), Justicia (10), Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (8) y cinco sobre cultura, turismo y deportes, según los datos facilitados ayer por la institución.

En el conjunto de las nueve provincias de Castilla y León, el Procurador del Común tramitó en 2020 los mencionados 6.341 expedientes, de los cuales 6.247 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 94 a las actuaciones de oficio.

Después de León con sus 1.760 quejas, le siguen Burgos con 1.009 y Palencia con 707. A continuación se sitúan Soria con 526, Valladolid con 479, Zamora con 440, Segovia con 386, Ávila con 230 y Salamanca con 214. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 301. Además de 194 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos pero no incluyen el domicilio ni la provincia.

Aumentan las consultas recibidas que no han derivado en queja y que ascienden a cerca de 140. Este año, debido a la situación de la pandemia, se ha elaborado una estadística de los expedientes relacionados directamente con el covid-19 y que ascienden a 1.771, de los que 1.735 son a instancia de parte y 36 corresponden a actuaciones de oficio. De estas quejas destacan las relativas a sanidad, educación (protocolos en el inicio del curso, jornada continua, falta de medios…) y Familia, que en este caso tienen que ver con las residencias de mayores. En cuanto a las actuaciones de oficio por covid destacan las relacionadas con la asistencia sanitaria a mayores, la presencia de enfermeras en los centros educativos, la publicación de contratos por parte de la Junta de Castilla y León, la aprobación de exenciones o reducciones en el abono de tasas que genera la ocupación por las terrazas de la vía pública, los protocolos para la reapertura de parques infantiles, las ubicaciones de los mercados tradicionales, la mejora de la asistencia sanitaria en las residencias, indicaciones para el inicio del curso escolar, la devolución de tasas y pagos para actividades extraescolares y en residencias de estudiantes, entre otras.