La pandemia lleva el caos a las comunidades de vecinos que gestionan al año 800 M€

Desde marzo está prohibido realizar una reunión de vecinos en el portal, un encuentro habitual entre los propietarios de viviendas en pisos que con la pandemia han sido vetados para evitar contagios.

Esta situación ha provocado el «caos» en algunas de las gestiones habituales en las comunidades que ven como el inicio de una obra o la aprobación de las cuentas y el cierre del ejercicio anterior se paraliza ante la imposibilidad de que todos los propietarios aprueben en una reunión presencial una de estas acciones.

El presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de León, Jesús Luque Borge, indica que se trata de una situación «complicada y difícil» y a pesar de que el 90% de las comunidades no tienen grandes problemas a partir de ahora se complicará «porque hay cuestiones importantes que es necesario afrontar y no se pueden hacer».

Luque Borge destaca que las comunidades de propietarios mueven al año 800 millones de euros sólo en León y que los gastos mensuales pueden ir desde los 20.000 euros al medio millón, en función del mantenimiento que requiera cada bloque. «Ahora no se puede tomar ningún acuerdo porque tienen que ser vinculantes», es decir, estar avalados por la totalidad de los vecinos.

La situación actual se agravará «en breve» con el aumento de la morosidad, pero de momento lo que más preocupa es la imposibilidad de llevar acciones obligadas como el cambio de las calefacciones de carbón o solventar las deficiencias que se detecten tras la Inspección Técnica de Construcciones, conocida como la ITV de los edificios, poner contadores individuales, instalar un ascensor, mejorar la accesibilidad de las viviendas u obras de urgencia que surjan, además de renovar los cargos, que actualmente están prorrogados.

La Junta ya está sancionando a las comunidades de propietarios que aún tienen calefacciones de carbón de las que en León aún quedan 347.

El presidente del colegio de Administradores de Fincas de León destaca que desde Valladolid se han llegado a imponer sanciones que superan los 9.000 euros por incumplir con la normativa que obliga a apostar por combustibles menos contaminantes y energéticamente más eficientes.

El Ayuntamiento de León hizo pública la semana pasada los edificios que este año tendrán que someterse a la inspección técnica, que afecta a 951 construcciones de más de 40 años. Habitualmente, más del 25% de las edificaciones que se revisan anualmente desde hace diez años cuentan con alguna deficiencia que deben superar y que se ataja con obras. Un paso que este año estará bloqueado ante la imposibilidad de que los vecinos se reúnan para respaldar cada una de las acciones a llevar a cabo.

Aunque no existe una cifra oficial del censo de viviendas, los administradores de fincas calculan que sólo en la capital hay más de 20.000 edificios. «No se puede avanzar porque no se pueden tomar acuerdos», destaca el presidente del colegio de Administradores de Fincas de León, para explicar que sus colegiados tienen una carga de trabajo «importante» en estas fechas y que están buscando fórmulas para informar, en los casos más urgentes, a los propietarios de las comunidades de vecinos.