La prórroga de los Erte protegerá la economía hasta Semana Santa
Principio de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para extenderlos hasta el 31 de mayo. El lunes podría quedar ya sellado
La primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) concluyó ayer con un principio de entendimiento entre las partes, que parecen estar de acuerdo en extender esta herramienta hasta el 31 de mayo. Con las dentelladas de la crisis todavía bien visibles —León es un claro ejemplo— la prolongación de este mecanismo volverá a convertirse en el mejor escudo para una provincia que lleva meses con el turismo paralizado (uno de sus grandes recursos) y que casi con toda seguridad asistirá este 2021 a una nueva suspensión de su Semana Santa.
Gobierno, sindicatos y empresarios se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo lunes, a partir de las 17.30 horas, para seguir avanzando en las negociaciones, que en esta ocasión no se prevé que se dilaten hasta el último momento, como ocurrió la vez anterior.
Así, desde el Ejecutivo han indicado que su compromiso es cerrar esta negociación cuanto antes, sin agotar el plazo vigente de los Erte (31 de enero), tal y como ya avanzó la semana pasada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales prorrogar el anterior acuerdo, si bien sindicatos y empresarios tienen que analizar el texto definitivo del Ministerio de Trabajo en la reunión prevista para el próximo lunes, del que podría salir el nuevo acuerdo.
En todo caso, parece que ayer
se produjeron acercamientos en la fecha hasta la que se podrían prolongar otra vez los Erte: 31 de mayo, es decir, más allá de la fecha en la que finaliza el Estado de Alarma (9 de mayo) y pasada la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Esta nueva fecha permitiría así proteger al sector turístico, uno de los más castigados por la pandemia.
«A todas las partes les parece bien prorrogar los Erte hasta el 31 de mayo y que se prorrogue el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo, con algunos ajustes», han señalado fuentes del diálogo social, que hablan tanto de ajustes técnicos como de otro tipo.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Alvarez, ha defendido este viernes la necesidad de prolongar los Erte mientras dure la pandemia y de que se prorroguen de manera automática.
«Demos estabilidad a las empresas, a los trabajadores que están en Erte, demos tranquilidad y resolvamos este tema», dijo Alvarez, que pidió al Gobierno «que no se saque ningún conejo de la chistera» y que prorrogue esta herramienta en las condiciones actuales.
Desde CC OO entienden también que el acuerdo vigente da respuesta a las necesidades actuales y a las que se puedan plantear ante una tercera ola del Covid. «No se precisan demasiados cambios, aunque sí hay que introducir algunos elementos técnicos e incluso alguna redacción más clara para evitar problemas de interpretación», apuntan desde el sindicato de Unai Sordo.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamó que la prórroga de los Erte dure por lo menos hasta junio y que se permita a las empresas ajustar plantillas sin tener que devolver las exenciones correspondientes a todos los trabajadores del Erte, sino sólo las correspondientes al trabajador que se despida. «Nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que (si despiden) se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un Erte cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más», defendió el líder de la CEOE.
Actualmente, las empresas acogidas a un Erte están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del Erte y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido. Los sindicatos lo rechazan.