Miles de negocios locales, al límite de su resistencia ante la falta de ayudas directas

La falta de ayudas directas coloca al límite de la resistencia a miles de negocios de turismo y hostelería de León, que a causa de las complicadas gestiones burocráticas que se exigen desde la administración autonómica para tener acceso a los fondos, desisten de la solicitud y se colocan al borde de la quiebra que les abocaría al cierre si no se arbitran soluciones. España no ha aprobado aún ninguna cuantía de ayuda directa al sector por parte del Gobierno, tras el comienzo de las medidas restrictivas de cierre

Leonardo Olivares, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de León, criticó ayer la complicación que encierra la tramitación: «Si al presidente de la Junta de Castilla y León las 4.000 ayudas solicitadas para la hostelería le parecen pocas, tendría que hacer una y cuando viera lo complicado que es, a lo mejor le parecían muchas».

«Los hosteleros no son los responsables de los contagios y tendrían que recibir ayudas directas», aseguró Olivares. «Lo que no se ha explicado a los empresarios es que todas estas ayudas que les están concediendo luego les van a suponer una carga fiscal muy importante», advirtió Olivares. «Luego te viene una constante inspección, qué es lo que los empresarios no saben».

Al presidente le llama la atención la carta remitida a los alcaldes por la consejera Ana Carlota Amigo: «Es ridícula. Tuvimos una reunión telemática con ella y con el director de Trabajo, en la que se nos pidió que intentáramos no presentar más Erte, sino tirar de los que ya estaban aprobados, porque la carga de trabajo que tienen no da más de sí. Entendemos su situación, pero la nuestra también es complicada. No comprendo esa carta dirigida a los alcaldes, porque pueden hacer muy poco por difundir entre los ciudadanos de sus localidades este tipo de ayudas. Y luego se nota que están pensadas para grandes empresas. No hay pequeños empresarios que guarden facturas de los geles que han comprado y de las mamparas que han puesto, porque cuando tienes que presentar veinte albaranes, al final no te merece la pena», lamentó.

Medidas

Los leoneses Javier San Martín, anterior presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, y Ramón Ledesma, hijo del exdirector de la Jefatura Provincial de Tráfico, han formado parte de la comisión de expertos que reunidos por el Consejo Nacional de Gestores Administrativos presentaron 25 propuestas de carácter fiscal, laboral y administrativo para ayudar a los pequeños y medianos empresarios a superar la crisis.

La propuesta más importante se refiere a la creación de una plataforma especial y única en la cual todas las empresas cuelguen sus datos respecto de los Ertes para que cada organismo público pueda acceder a ellos sin necesidad de que las empresas tengan que enviar los datos a varios organismo.

Juzgados especializados

También propone San Martín que todos los asuntos judiciales referentes a la pandemia «se tramiten en una sección especial de los juzgados de lo Social, para que especialistas los resuelvan. Se trata de seguir el mismo sistema que con las cláusulas suelo, cuando todo esto pase, se vuelve a la normalidad y no hay mayor problema», explicó

También se pretende derogar «la mayor barbaridad jurídica que yo haya visto en mi vida. Como no se podía pactar una reforma consensuada con los agentes sociales, se ha colocado a traición un artículo con medidas especiales por el que las empresas que no tengan representación sindical, antes de que los trabajadores negocien con los empresarios. Hubo Ertes que podían haber sido anulados por falta te consulta sindical».

San Martín también defiende la creación de un contrato covid «para que un camarero de un bar que abre quince días pueda incorporarse inmediatamente y ser contratado en cuanto el negocio abre y no perder el tiempo en las formalidades. Vamos a dejar las tonterías del derecho y hagamos contratos que den soluciones de verdad a la gente. Se trata de dinamitar el empleo para no crear una hecatombe mayor». Añade la propuesta de crear una comisión de expertos formada por el gobierno y los profesionales destacados de la sociedad, para que se incluya economistas y abogados con el fin «de evitar tanto pensar en la función pública y subrayar más el aspecto privado».

Por su parte Ledesma, propone crear el Comisionado para la Transformación Digital de la Gestión Administrativa y el Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública.