La Junta defiende un reparto justo de los fondos europeos que tenga en cuenta la despoblación
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, defendió ayer un reparto justo entre las autonomías de los fondos europeos para políticas de empleo, además de la necesidad de simplificar la normativa laboral mediante la reducción de las modalidades de contrato existentes actualmente.
Esas fueron las principales reivindicaciones formuladas por Amigo durante su participación en la videoconferencia que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró con los titulares de las consejerías con competencias en materia de empleo en las distintas comunidades autónomas.
La consejera también reclamó al ministerio flexibilidad a la hora de reconocer como Ertes de impedimento los presentados por aquellas empresas que, como consecuencia de las restricciones sanitarias, solo puedan desarrollar actividades residuales.
La reunión tuvo como objetivo el avance en la elaboración de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como el análisis de los proyectos de inversión y reformas en materia de políticas activas de empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cuanto a los fondos europeos para políticas de empleo, el ministerio señaló que las comunidades autónomas gestionarán en torno a 688 millones de los 2.000 millones asignados para este año, que habrán de dedicarse a proyectos territoriales de cohesión y reequilibrio, atención a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas.
Amigo, en este punto, volvió a demandar un reparto justo en la asignación de esos fondos entre las comunidades que, en su opinión, debe tener en cuenta aspectos como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión geográfica.
«En Castilla y León necesitamos esos fondos para hacer frente al desempleo y a las dificultades para apoyar a autónomos y empresas para que puedan dar continuidad al empleo», subrayó la titular del área en el Ejecutivo de Mañueco.