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Una carga de trabajo creciente

León no tendrá nuevo juzgado de lo Social hasta dentro de un año

El volumen de casos que se arrastra y la previsión de un aluvión de nuevos asuntos aconsejan ponerlo en marcha antes

Aspecto que ofrecían ayer las obras externas de los Juzgados de la Avenida de Sáez de Miera. JESÚS F. SALVADORES

León

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El Juzgado de los Social número 4 de León no entrará en funcionamiento antes de finales de año porque el Ministerio de Justicia no vincula las actuales obras de reforma de la sede de la avenida de Sáez de Miera a la apertura a las que deberán realizarse en el interior del edificio para poner en marcha el nuevo órgano judicial.

La intención del decano de los jueces de León, José Enrique García Presa, es insistir en la necesidad de agilizar el trámite de su creación, ante la imponente carga de trabajo que arrastra la jurisdicción, con tres juzgados ya muy saturados por mor de las más de 3.000 asuntos que se acumulan esperando resolución y que estaban en trámite al final del último periodo.

Las obras que se están llevando a cabo en las dependencias de los Juzgados afectan mayoritariamente a la fachada. En el proyecto no se diseñó (no había sido asignado a León todavía) un nuevo órgano judicial, por lo que se necesitará reformar el interior de la sede judicial.

Premura
La intención del juez decano, José Enrique García Presa, es agilizar los trámites al máximo

Durante 2021, el Ministerio de Justicia llevará a cabo la ejecución de la segunda fase del Plan de Actuación por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19. A la vista de las circunstancias, León parece quedar fuera de la primera entrega de los planes de choque en respuesta a la pandemia que tienen como objetivo incrementar la capacidad de resolución de los juzgados para restablecer los niveles de actividad registrados en el momento de declaración de estado de alarma.

Medidas de autorrefuerzo

Así, se mantienen las medidas de autorrefuerzo y refuerzo externo aprobadas para la primera fase (septiembre-diciembre de 2020), que preveían actuaciones en los ámbitos social y mercantil en las que se incardinaban las obras de León y únicamente en relación a los procedimientos declarativos, extendiéndolas ahora al ámbito de lo contencioso-administrativo y a los órganos de segunda instancia.

Además, se introduce la existencia de equipos de asignación dinámica adscritos al territorio de cada Tribunal Superior de Justicia, compuestos inicialmente por jueces y letrados de la Administración de Justicia, para labores de refuerzo o sustituciones según las necesidades de las sedes judiciales. «La gestión de esta segunda fase del plan se realizará con la coordinación de las instituciones y administraciones competentes, y con seguimiento continuo, mediante una valoración mensual del cumplimiento de los objetivos marcados», explica el departamento de Juan Carlos Campo en un comunicado.

Consuelo menor

Lo que sí se mantiene es el paquete de medidas de autorrefuerzo para los dos ámbitos, Social y Mercantil

Pendiente de la consolidación de los datos con la inclusión del mes de diciembre, durante la primera fase del plan, casi un centenar de juzgados de lo social y cincuenta de lo mercantil han alcanzado los objetivos de autorrefuerzo previstos por parte del Ministerio de Justicia.

Destaca la resolución de más de 110 procedimientos sociales por mes y órgano participante, lo que ha supuesto un esfuerzo extraordinario por parte de los magistrados, letrados y demás cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que han incrementado el número de juicios señalados en circunstancias muy excepcionales como son las que ha impuesto la pandemia.

Impulso a la mediación

De forma complementaria a las medidas de refuerzo, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando también soluciones estructurales, tanto para la planta judicial, mediante la creación de las 33 unidades judiciales comprendidas en el Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre; como en la normativa procesal, a través de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que generalizará el recurso a medios adecuados de solución de controversias para facilitar la adopción de acuerdos entre las partes sin necesidad de intervención judicial e introducirá mejoras tecnológicas en los procesos.