El concejal de Podemos-Equo desvanece cualquier tensión con el PSOE por la ‘ley trans’

El enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos por la denominada ley trans se está trasladando sin retorno a los ayuntamientos donde gobiernan en coalición. Una consigna de la formación morada, que tiene en sus manos la Concejalía de Igualdad en la mayor parte de los municipios donde cogobierna, está tensando las relaciones en las instituciones por las posiciones tan alejadas que plantean ambas formaciones respecto a la futura Ley para la igualdad real y efectiva de las personas transgénero diseñada por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. Frente a sus postulados, que defienden la mera voluntad para iniciar el proceso de transformación, la vicepresidenta Carmen Calvo, responsable de aprobar los textos legislativos para su discusión en el Consejo de Ministros, sigue cuestionando la «finura jurídica» del borrador dado a conocer por sus socios de Gobierno.

En León no habrá tensiones, sostiene el concejal de Podemos-Equo, Nicanor Pastrana, porque, según declara, «el tema está encima de la mesa pero no se va a tocar» porque entiende que no es un asunto de urgencia en la gestión local. En su caso, la consigna política de Unidas Podemos pasa de largo, dado que sigue expedientado por entrar en el gobierno municipal de Diez contra la decisión de sus correligionarios. El verso suelto del equipo de gobierno no tiene que dar explicaciones, por tanto, hasta que el Comité de Garantías resuelva su singular situación, que tiene como fecha tope el 21 de marzo. Respecto al fondo del asunto, el concejal no quiso abundar y prefirió quedarse en la supeficie: «Estoy por encima de la distinción de géneros, yo sólo veo personas con los mismos derechos». También pronuncia frases como que «todo el mundo tiene derecho a su propia identidad» o que «es un asunto delicado y complicado de regular». En este sentido, Pastrana defiende que «hay que respetar la libertad personal, como ocurre con la prostitución, que hay que regular para que cualquier persona que se dedique a ello tenga derechos sociales». «Hay que objetivar», repite para argumentar la regulación de derechos de las personas transgénero, y ese papel, en su opinión, corresponde al ámbito psicosocial no al político.